El macarthismo sigue vivo

Alea jacta est: no han expulsado al magistrado Santiago Vidal de la judicatura. Pero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le suspende tres años, dejándolo en un curioso limbo (¿ha de pedir permiso para ejercer de abogado o abrir una librería?). Pierde el trabajo y el sueldo, pierde la plaza, habrá de concursar de nuevo en la primera convocatoria tras su apartamiento y, si no le gusta, a la calle. Y nadie ha tenido una mala palabra para él: ni compañeros, ni fiscales, ni letrados ni funcionarios que han colaborado con él. Su imparcialidad y ecuanimidad no ha sido nunca cuestionada. No hay quejas en su contra ni de abogados ni de ciudadanos.

¿La causa de la sanción? Se le suspende por infringir sus deberes como juez, sin especificar, al menos en la nota de prensa, cuáles, lo que es un deslumbrante ejemplo de legalidad. No consta que sea por haber dictado ninguna resolución contraria al ordenamiento jurídico. No constan manchas en su expediente, que es impoluto, pues en su labor se ha ajustado al ordenamiento vigente.

Se le castiga disciplinariamente por lo realizado al margen de la jurisdicción. Los adalides de la Constitución, que la habrán leído a pachas, olvidan que las sanciones a los jueces se imponen cuando la falta lo es en el ejercicio de sus funciones, no por lo que hagan fuera de la oficina judicial. Por si fuera poco, como recuerda el Tribunal Constitucional, el ordenamiento no impone a nadie la militancia constitucional. Simple y llanamente es volver a los tribunales de honor, constitucionalmente prohibidos. Se le sanciona, en fin, por faltar a un sesgado decoro judicial. La democracia le castiga por disidente.

Podrá gustar más, menos o nada que un juez dedique sus ratos libres a redactar constituciones para un futuro Estado independiente; podrá gustar más, menos o nada que en su tiempo libre proclame su credo político. Pero mientras no lo haga en sus sentencias, el poder disciplinario queda al margen. No hace tanto tiempo magistrados, aún en activo, mostraban su recalcitrante franquismo y nada; inefables preparadores  de oposiciones, que proferían barbaridades contra la Constitución y que fuera incluida en los temarios, nada. Vidal, como juez, es intachable. También como ciudadano.

Quienes, con poco provecho, se llenan la boca de Constitución, desconocen que solo restringe a los jueces los derechos fundamentales de asociación sindical y partidaria. Nada más. El resto de su patrimonio jurídico-fundamental permanece intacto.

Por último, las diferencias entre la sanción penal y disciplinaria son abismales. La suspensión disciplinaria como juez, a diferencia de la penal, se adopta con menos garantías: a Vidal no se le ha admitió una sola prueba. En fin, Vidal es víctima de un deshonroso castigo sin mesura ni base jurídica legítima. Más tarde que pronto, sin embargo, veremos cómo se le restablecerán en sus derechos. Tal como evoluciona el sistema, ya está habiendo cola en la ventanilla de los vilipendiados. Dreyfus también sigue. ¡Quién fuera Zola!