Una nueva trama de corrupción convulsiona al PP valenciano

Por si el PP valenciano no tenía suficiente con tratar de zafarse de las consecuencias judiciales y políticas delcaso Gürtel, ayer la fiscalía anticorrupción y la policía nacional le pusieron sobre la mesa otro turbio asunto con aires corruptos. Esta vez, ligado a la adjudicación de la gestión de residuos de basura de la Vega Baja, que afecta a 27 municipios alicantinos. Y tan serio pintaba el tema que llegó a ser detenido el presidente de la Diputación de Alicante y presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll, considerado zaplanista y crítico con el presidente autonómico, Francisco Camps.

A media tarde, Ripoll salió en libertad tras haber prestado declaración en las dependencias judiciales. ¿Con cargos o sin ellos? Pues este fue otro motivo de polémica: mientras sus abogados callaban, la policía emitía un comunicado del que se deducía que a Ripoll, como a los otros 10 detenidos en la operación Brugal, se les imputan los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento. Sin embargo, por la noche, la Diputación de Alicante hizo pública una nota en la que aseguraba que su presidente estaba libre y sin cargos. Y aprovechando que el río estaba tan revuelto, salió a la palestra el vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, para arremeter contra el ministro del Interior y su «montaje» policial en Alicante.

DECLARAR ANTE EL JUEZ / Para González Pons, el resultado de la citada operación fue «desastroso» y puso como prueba de ello que Ripoll salió a la calle, según él, sin cargos. En opinión del dirigente conservador, la mano de Alfredo Pérez Rubalcaba está detrás de esta «operación de publicitaria» que «no conduce a ninguna parte». Pero, a tenor de las informaciones que facilitó la policía, sí conducen a un sitio: al Juzgado de Primera Instancia número tres de Orihuela. Allí deberán prestar declaración ante un juez y en unos días los detenidos ayer, entre los que están, además del presidente de la diputación, tres concejales de la localidad: Manuel Abadía (edil de Infraestructuras), Antonio Rodríguez, (de Pedanías y Servicios) y Ginés Sánchez (de Medio Ambiente).

En el marco de la citada operación –dirigida por el fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, y que conllevó 19 registros en viviendas particulares y organismos oficiales–, también fueron arrestados el industrial Àngel Fenoll y su hijo, así como el empresario y accionista mayoritario del club de fútbol Hércules, Enrique Ortiz, también implicado en elcaso Gürtel.

FENOLL Y LAS GRABACIONES / Fenoll, con contactos en el PP, ya fue detenido en el 2007 y enviado a prisión por un presunto delito de extorsión con grabaciones. De hecho, era uno de los cinco candidatos para gestionarla basura en Orihuela y grabó con cámara oculta sus reuniones con empresarios y responsables políticos alicantinos. Esas grabaciones motivaron la apertura de nuevas diligencias en la operación Brugal, que continúa bajo secreto de sumario.

Dicho empresario ha sido contratista de numerosas obras en Orihuela y estuvo implicado en el famosocaso Cartagena. El exconsejero de Obras Públicas del Gobierno de Eduardo Zaplana, Luis Fernando Cartagena, fue condenado por apropiarse del donativo de 49.000 euros que le habían entregado unas monjas cuando era alcalde de Orihuela. Y su amigo Fenoll, que le confeccionó facturas falsas como coartada, fue condenado por falsedad.