El Govern asume algunas ideas de los ciudadanos para la ley electoral

Una vez escuchada la voz de los ciudadanos y constatada su profunda desafección, expresada en el debate organizado la semana pasada por EL PERIÓDICO, el Govern de Artur Mas ha hecho suyas algunas reivindicaciones de los participantes en el coloquio y se compromete a impulsarlas en esta legislatura. En el artículo que acompaña a esta información, la vicepresidenta Joana Ortega defiende que la futura ley electoral incluya un modelo de elección directa de una parte de los diputados y asume peticiones como la desburocratización de la Administración y la celebración de referendos para conocer la opinión de los catalanes sobre temas relevantes.

La número dos del Ejecutivo afirma que la ley electoral será una «prioridad» de la legislatura -elpresidentMas quiere que se llegue a un acuerdo antes de finales del 2012-, y que solo será una buena norma si, además de contar con el beneplácito de los partidos, obtiene un «amplio apoyo» del conjunto de la sociedad. Para que ningún territorio se sienta «menospreciado ni irrelevante», Ortega considera «esencial» un equilibrio entre proporcionalidad y representación territorial, huyendo de «conveniencias partidistas».

CiU y PSC mantienen abiertos contactos en busca de un denominador común que garantice el apoyo de las dos principales fuerzas catalanas a la futura ley. La propuesta del doble voto, al estilo alemán, agrada a ambas partes, pero el punto de fricción es la definición de las circunscripciones para el voto directo a candidatos y el voto a lista de partido.

Más allá del sistema electoral, la vicepresidenta enumera tres coincidencias con los ciudadanos. Para incrementar su participación en la política, Ortega asegura que el Govern llevará al Parlament una nueva ley de consultas que permita convocar referendos «sin la autorización del Ejecutivo central».

COMPROMISO «FIRME» / Además, recuerda que la Cámara catalana ya trabaja en la elaboración de una ley de transparencia, y que el Gabinete de Mas tiene el «firme y decidido» compromiso de «desburocratizar, simplificar y agilizar» la Administración, a fin de que sea una «aliada» de los ciudadanos, y deje de ser un «monstruo» plagado de obstáculos.