Puigdemont afronta un pleno endiablado

El sábado acabó el congreso del nuevo PDC y hay que constatar que lo que empezó primero como una rebelión en la granja (la no aprobación de los dos nombres 'Més Catalunya' o 'Catalans Convergents', propuestos por la antigua dirección) al final ha dado luz a un partido bastante diferente. Artur Mas y Neus Munté han sido elegidos presidente y vicepresidenta pero con poder acotado y nadie de la antigua cúpula forma parte del nuevo equipo de 12 dirigentes que encabeza Marta Pascal. El nuevo PDC marca territorio frente a la antigua CDC y ha criticado además la confusa (aunque necesaria) salvación del grupo parlamentario hecha por Francesc Homs.

Dos notas más. La nueva dirección reincide en el pecado tradicional de CDC. Es muy representativa de la Catalunya interior pero descuida al cinturón de Barcelona. En esta provincia en las últimas legislativas CDC solo fue el quinto partido, detrás de En Comú, ERC, PSC e incluso el PP. ¿Sabrá corregir este sesgo un grupo de alcaldes de comarcas?

La otra nota es la elección de Mercè Conesa, alcaldesa de Sant Cugat (el municipio más poblado en manos de CDC) y presidenta de la Diputación de Barcelona, contra el hábil saltimbanqui Santi Vila, apoyado por Mas y Carles Puigdemont. Otro revolcón de la vieja cúpula, incluso de Puigdemont, cercano a los alcaldes que han tomado el poder. La elección de Conesa para presidir el consell nacional confirma la rebelión y es un dato relevante porque tiene fuerte personalidad. Fue la numero dos en Sant Cugat del hoy silencioso Lluis Recoder y está muy próxima al grupo socialdemócrata de Josep Rull (fue portavoz de CDC cuando Rull sustituyó a Oriol Pujol). La han querido castigar por sus críticas a los nombres propuestos del partido y la han fortalecido.

Pero Puigdemont tiene esta semana otro asunto vidrioso de gran envergadura: las conclusiones de la comisión para el proceso constituyente. El Tribunal Constitucional ha advertido que no puede ser votadas por el pleno del Parlament por derivar de la famosa y anulada declaración del 9-N del 2015. La junta de portavoces -con el voto en contra de C's, PSC y Sí que Es Pot- decidió llevarlas al pleno de esta semana pero en una insólita marcha atrás (no había pasado nunca), la Mesa del Parlament al final lo contrario. Parecer que el cambio se debió a que el servicio jurídico del Parlament avisó de las graves consecuencias que podían derivarse de desobedecer al TC. Quizás la suspensión de la Mesa del Parlament.

Así en principio las conclusiones de la comisión, que ahondan en la desconexión unilateral con el Estado, no serán votadas. Pero sí podrían serlo si dos grupos (JxSí y la CUP) lo solicitan. El debate será si la Mesa tendría que reunirse, desdecirse y aprobarlo, corriendo con los riesgos. O el Parlament tendría que olvidar su reglamento.

JxSí y Puigdemont se enfrentan así un dilema endiablado. Si la Mesa avalase que el Pleno vote las conclusiones -que dice que las leyes de la desconexión no están sometidas a nada- estará ignorando al TC y situándose al margen de la legalidad. Pero si JxSí rompe el frente común con la CUP y no exige la votación, peligra la moción de confianza de septiembre de Puigdemont.

Cualquiera de las dos opciones tendrá consecuencias políticas serias. O acelerará la ruptura voluntaria y unilateral con el Estado (y las posibles reacciones subsecuentes), o pondrá en riesgo la continuidad del pacto entre JxSí y la CUP que -más mal que bien- respalda al Govern.

La CUP le está poniendo tantos obstáculos a Puigdemont como antes a Mas. Atentos porque el PDC que acaba de nacer y ERC se enfrentan a un pleno que tendrá consecuencias.