El sucedáneo de 9-N, también vetado

La cuenta atrás hacia el 9 de noviembre avanza inexorable sin asomo de aproximación de posiciones entre los actores políticos principales de este contencioso, los gobiernos de Mariano Rajoy y Artur Mas. Hace una semana parecía que el Ejecutivo central reaccionaría pasivamente ante el plan b de la Generalitat, que convirtió en un «proceso participativo» lo que inicialmente estaba planteado -y ya con muy difusos efectos jurídicos- como una consulta aunque pretendía ser un referéndum. Esa actitud de Rajoy parecía responder a la obligación de todo gobernante de calibrar adecuadamente los efectos de sus decisiones y, en la duda, adoptar las que parecían constituir un mal menor. En este caso, tolerar una jornada de movilización festivo-reivindicativa en lugar de tratar de impedirla. Pero la actitud desafiante y huidiza del Gobierno catalán ha cambiado las cosas y, con urgencia, el Consejo de Estado se ha pronunciado contra el nuevo 9-N, el Gobierno ha impugnado la cita y el próximo martes el Tribunal Constitucional la prohibirá con toda seguridad.

Rajoy ha reforzado así su imagen de dirigente que no se deja amedrentar por desafíos como el que le llega desde Catalunya, en legítima defensa de la legalidad. Algunos interpretarán que la posición final del Gobierno alienta la desafección de algunos catalanes pero ese análisis no puede dejar de lado que el origen de la respuesta está en el desafío previo. La Generalitat ha actuado con esa astucia de la que ha presumido temerariamente Mas, y también con el sucedáneo del 9-N, que pese a su intrascendencia jurídica coloca en tesituras complicadas a funcionarios públicos como los directores de escuela. El laissez faire habría sido una respuesta más ambivalente. Ahora ha dado pie a que Mas le acuse de hipocresía y, en una nueva vuelta de tuerca, le vaya a denunciar por «abuso de poder y derecho». Las incógnitas sobre qué sucederá realmente el 9-N son muchas, pero lo que es seguro es que, antes o después (a más tardar, tras las próximas elecciones autonómicas), el Gobierno central deberá afrontar de verdad el principal problema político de España. Y las soluciones que se propongan desde Catalunya deberán tener en cuenta la legalidad en que se amparan sus instituciones. La valoración de las respuestas no puede obviar la magnitud de los desafíos. Esa es la cruda realidad.