Independencia judicial

Ya hemos dicho en más de una ocasión que consideramos un error que la fiscalía (dependiente del Gobierno central) se querellara contra Artur Mas y otros dos miembros del Govern por el sucedáneo de consulta que se realizó el pasado 9-N. Judicializar la política es de las opciones que no contribuyen a resolver problemas que son precisamente eso, políticos. Las leyes hay que respetarlas, pero hay ocasiones en que eso solo no basta.

De la misma forma que no hay que judicializar la política, es igualmente peligroso politizar la justicia. Ayer tuvimos un ejemplo en la comparecencia ante el TSJC de Joana Ortega e Irene Rigau, querelladas como Artur Mas por presuntos delitos derivados de la consulta. La concentración ciudadana ante la sede del tribunal para apoyar a las declarantes motivó una dura nota de los jueces, que lo interpretaron como un «ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial». Es lamentable que todo un Govern (en funciones) y la mayoría de diputados del Parlament (Junts pel Sí, la CUP y representantes de CSQEP) sean reprendidos por tratar de «cuestionar la legitimidad de los jueces y pretender influir en su toma de decisiones». Al margen de que la intención de los convocantes haya sido solo la de apoyar a los querellados, la situación está derivando en algo más peligroso. Razón extra para que se imponga la frialdad mañana, cuando está previsto que declare el propio Mas pocas horas después de realizar la ofrenda floral ante la tumba de Lluís Companys, fusilado hace 75 años.