España padece de corrupción aguda

Quienes hacen negocios en España, sean grandes o pequeños, saben que elcaso Matas,los ERE de Andalucía, las comisiones del gallegoDorribo,Gürtel y los otros muchos escándalos que se han venido destapando son solo puntas de icebergs, que los políticos y funcionarios públicos que practican formas de corrupción más o menos graves son legión y están en todas partes. ¿Qué empresario no ha tenido que enfrentarse alguna vez a la disyuntiva de pagar bajo mano o quedarse sin el contrato?

Muchos de ellos han contado esas experiencias a sus más próximos. Y estos las han transmitido. Tal vez deformándolas hasta convertirlas en bulos, pero extendiéndolas como manchas de aceite. Y seguramente son pocos los españoles, o los vascos, catalanes, valencianos, gallegos, andaluces, castellanos o murcianos, que no han sabido de algún caso de los que no salen en los diarios. Como en la Italia de de los 90, antes de que explotara el formidable entramado de Tangentópolis, aquí todo el mundo tiene más o menos una idea de cómo está el asunto, y más que nadie los dirigentes de los partidos, por muy limpios de implicaciones personales que estén la mayoría de ellos. En España se convive con la corrupción. Con el fatalismo de que eso no hay quien lo arregle y, quien más quien menos, sacando alguna ventaja, bien sea nimia, del hecho de que las reglas no se respetan.

No hacen falta encuestas para comprender el daño que eso ha hecho a la moral pública. Unos poderes del Estado que no luchan a brazo partido contra la corrupción están perdiendo la autoridad que hace falta para pedir a la ciudadanía que cumpla con sus obligaciones cívicas, además de exigírselo coercitivamente. Y las elecciones no sirven para revertir esa situación. Porque los que ganan a costa de los corruptos no están libres de sospecha. Lo único que está por ver es si la crisis y el drástico recorte de los gastos del Estado van a reducir las posibilidades de actuación de los ladrones.