El debate independentista

Ejército, sí; ejército, no

La unanimidad sobre el sistema político de un posible Estado catalán no existe en la política de defensa

ALBERT BRANCHADELL

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En estos momentos son ya tres los borradores de Constitución catalana que se han puesto en circulación (el de Santiago Vidal, el de Joan Fonollosa y el de los ciudadanos anónimos que están detrás de www.constitucio.cat). Así como hay una extraña unanimidad sobre el sistema político que adoptaría el Estado catalán independiente, uno de los ámbitos en que no hay acuerdo es el de la política de defensa. (Lo de 'extraña' va por una cuestión de coherencia histórica: si, como quiere Fonollosa, se trata de restablecer la soberanía perdida en 1714, conviene recordar que en aquellas fechas los catalanes no se batían por ninguna república sino por 'lo Rei Nostre Senyor'.)

En la Constitución de Fonollosa se dice que el presidente de la Generalitat es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de Catalunya y como tal «dirigeix la defensa de Catalunya i l'acció de l'Administració militar de la Generalitat», pero no hay ningún artículo que regule esas Fuerzas Armadas ni aclaración alguna sobre esta Administración militar. Aparte de repetir lo del presidente de la Generalitat como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, los impulsores de www.constitucio.cat son algo más explícitos que Fonollosa.Por un lado, exponen sin ambages que «Catalunya disposa d'unes forces armades adequades al que l'obliguen els tractats internacionals i proporcionades amb la situació geopolítica que l'envolta per a la defensa del territori». Por otro lado, establecen una serie de limitaciones: el gasto militar no podrá superar cierto porcentaje del PIB, se prohiben las armas no convencionales (nucleares, biológicas y químicas) y se excluye también la intervención de las Fuerzas Armadas fuera de Catalunya, salvo en misiones humanitarias o bajo la bandera de la ONU. Pero atención, porque la tan esperada, publicitada y comentada Constitución del juez Santiago Vidal opta por todo lo contrario: «Catalunya és territori lliure d'exèrcit i forces armades».

Esta falta de acuerdo entre borradores no es sino el reflejo de cierta desorientación que reina en el mundo soberanista desde que el pasado mes de julio la sectorial de defensa de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) dio a conocer un informe sobre «el dimensionament de les Forces de Defensa de Catalunya», que proponía como primer paso la creación con asesoramiento británico de una fuerza naval que en 10-15 años debería tener capacidad de intervención en el Índico.

Una ojeada a la política comparada

Como sucede en otros casos de desorientación, una ojeada a la política comparada puede ser instructiva. De hecho, una parte del trabajo comparativo ya lo hizo la propia sectorial de defensa de la ANC antes de que se perdiera su rastro en la página web de la organización. Uno de los primeros estudios de la sectorial se titulaba 'Estructures de Defensa d'alguns Estats: petit estudi comparatiu'. Para empezar, la sectorial recordaba que todos los estados miembros de la Unión Europea, incluyendo a Luxemburgo y Malta, tienen Fuerzas Armadas, y también que la mayoría de ellos (todos menos Austria, Chipre, Finlandia, Irlanda, Malta y Suecia, para ser exactos) pertenecen a la OTAN. A continuación, la sectorial analizaba las estructuras de defensa de nueve Estados con una población y/o un PIB per cápita comparables a los de Catalunya, entre los cuales están algunos de los que más han sonado en los últimos tiempos como modelos del 'país nuevo' que proyecta el soberanismo. Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suiza forman parte por ejemplo del conjunto de estados escogidos por Modest Guinjoan, Xavier Cuadras Miquel Puig en su libro 'Com Àustria o Dinamarca. La Catalunya possible'.

En el catálogo de la sectorial no estaba Holanda, el país acaso más invocado por el presidente Mas («Queremos ser la Holanda del sur»), pero poco importa: Holanda también tiene sus Fuerzas Armadas, pertenece y es socio fundador de la OTAN y según datos del Banco Mundial en el 2013 dedicó un 1,2% de su PIB a gastos militares. Tampoco estaban Estonia, Letonia ni Lituania, tres viejos conocidos del catalanismo (alguien dijo aquello de «Catalunya es como Lituania») que también tienen sus ejércitos respectivos y dedican al gasto militar entre el 0,8 y el 1,9 de su PIB. (España dedica el 0,9).

Más allá del debate entre borradores constitucionales, la política de defensa plantea un tema de fondo que afecta a los límites de la soberanía de un posible Estado catalán independiente. ¿La Unión Europea y las potencias occidentales, con EEUU a la cabeza, permitirían que un Estado catalán independiente no tuviese ningún tipo de ejército? El buenismo, que diría aquel, está muy bien, pero si esto del Estado propio ha de ir en serio a cierto soberanismo le hace falta una buena dosis de 'realpolitik' también en política de defensa.