La atención sanitaria a los simpapeles

Reacciona el Ministerio de Sanidad tarde en su intento de querer armonizar las distintas coberturas sanitarias a los inmigrantes que viven en situación irregular en las comunidades españolas. Ciertamente se precisa una solución al desbarajuste actual que lleva a que la atención sanitaria de los simpapeles sea distinta según el territorio en que estén empadronados. La situación es resultado del demoledor decreto que el PP aprobó hace tres años y que excluía de la atención primaria a esas personas (salvo en los casos de embarazo, menores y urgencias). Muchas autonomías (incluso algunas dirigidas por el PP) han ido aprobando normativas propias para atender a quienes no tenían tarjeta sanitaria y esquivar así una ley que recibió severas críticas de colegios médicos, entidades sociales, partidos políticos y hasta del Consejo de Europa que el Gobierno siempre desoyó.

Ahora, cuando expira la legislatura y las urnas se acercan, Sanidad retrocede. Lo hace, además de con tardanza, mal. No es tiempo de negociar los días de empadronamiento del inmigrante o de su nivel de ingresos o su inclusión en registros discriminatorios. El derecho a la salud que recoge la Constitución no admite limitaciones y debe prevalecer sobre cualquier beneficio económico vinculado al ahorro en el sector sanitario. La asistencia universal sanitaria fue uno de los pilares del Estado de bienestar en España. Su plena recuperación resulta ahora uno de nuestros desafíos colectivos.