Dos magnates ingleses cierran sus negocios en la isla anglonormanda de Sark tras perder las primeras elecciones democráticas

Es la democracia europea más reciente. Situada frente a las costas de Normandía, en el canal de la Mancha, la isla de Sark acaba de pasar página a 400 años de régimen feudal. El mes pasado, los isleños votaron por primera vez a sus representantes. La historia no hubiera tenido más consecuencias si no fuera porque los artífices de la reforma, los magnates ingleses sir David y Frederick Barclay, propietarios del islote vecino, han sido los grandes perdedores de la contienda. Su programa para modernizar la isla ha sido derrotado por los partidarios de mantener las tradiciones. Y la venganza ha sido terrible: los Barclay han cerrado todos sus negocios, dejando a un cuarto de la población en el paro.

La trama es digna de una de esas películas británicas que combinan intriga y costumbrismo. Los 600 habitantes que ocupan los cinco kilómetros cuadrados de Sark llevaban una vida apacible y conforme al derecho normando hasta que los Barclay compraron, en 1993, el islote vecino de Brecqhou: un trozo de roca de 65 hectáreas por el que pagaron unos 2,3 millones de euros.

Propietarios del diario conservadorThe Daily Telegraphy del hotel Ritz de Londres, los magnates --dos gemelos de 73 años-- creyeron haber encontrado el lugar ideal para retirarse lejos de miradas indiscretas y de la presión fiscal. Un pequeñoreinocon bandera propia en el que construyeron un castillo de estilo gótico con dos piscinas y un helipuerto.

Primer problema. Las leyes de la isla prohíben los vehículos mecánicos --a excepción de los tractores-- y los helicópteros. Solo se puede llegar en barco. Para desplazarse por el interior, la única alternativa a la bicicleta es el coche tirado por caballos. Los Barclay descubrieron también que debían obediencia al señor de Sark, la máxima autoridad.

Pese a que depende de la isla de Guersey (dependiente de la Corona británica), Sark se ha regido durante siglos con sus propias instituciones. Presidido por el señor, elChief Pleads, integrado por los descendientes de los 40 colonos que se repartieron las tierras, más 12diputados del pueblo--cargo rotativo con una validez de tres años--, constituía el poder legislativo que garantizaba el sistema feudal.

Desde hace unas semanas, elChief Pleadsestá integrado por 28 diputados electos. Solo dos apoyan las tesis reformadoras de los gemelos Barclay. El resto forman parte de la candidatura tradicionalista encabezada por Lord John Michael Beaumont, señor de Sark desde 1974 y actual líder de la mayoría parlamentaria."Los hermanos Barclay han creído poder comprar influencia política con su dinero, pero los habitantes han preferido mantener sus valores. Quieren la democracia, pero a su ritmo", resume el diputado tradicionalista Paul Amorgie.

Orgullo isleño

Desde la compra del islote, los magnates desplegaron una doble estrategia. Por un lado realizaron numerosas inversiones --hoteles, restaurantes, comercios, una agencia inmobiliaria-- y por el otro multiplicaron los procesos judiciales para cambiar el sistema político. Sus abogados dieron finalmente con el punto débil: la isla había suscrito la Convención Europea de los Derechos Humanos, algo incompatible con el régimen feudal.

El proceso iniciado en 1996 acabó en las urnas, pero no como habían imaginado los hermanos Barclay. Las propuestas modernizadoras de los millonarios no sedujeron a los isleños, orgullosos de sus viejas tradiciones y de un modo de vida basado en la agricultura, la pesca, el turismo y su condición de paraíso fiscal. Anglófonos de puertas afuera, en sus casas siguen hablando el dialecto normando de Sark y mantienen costumbres como la prohibición de tener perros.

Los Barclay, que soñaban con convertir Sark en un paraíso para el turismo de lujo, no han perdonado la afrenta."La mayoría ha ganado con un programa anti-Barclay. Sark no quiere sus inversiones y no las tendrá",ha indicado un portavoz de los millonarios. Dicho y hecho. Todos sus negocios han bajado la persiana dejando en la calle a 140 personas --uno de cada cuatro trabajadores-- en una isla donde no hay ni seguridad social ni subsidio de paro.