Actuar más allá de la labor asistencial

De todos es conocida la situación actual en que se encuentran muchas personas, por razones diversas, a la hora de afrontar los pagos de suministros básicos como el agua, el gas o la luz. Por ello, la lucha contra la pobreza energética se ha convertido en una política clave de la Diputació de Barcelona, junto con muchos otros programas que se desarrollan desde Benestar Social, para conseguir que haya una garantía social básica para todos.

El empobrecimiento de la población con la crisis económica, el crecimiento de la pobreza material severa o la elevada tasa de desempleo sumado a otros elementos estructurales como el deficiente estado del parque de viviendas en términos de eficiencia energética y el elevado precio de la energía, uno de los más caros de Europa, son algunos de los datos que se pusieron sobre la mesa los pasados días 3 y 4 de este mes de noviembre en el I Congreso Catalán de Pobreza Energética organizado en Sabadell y que ha facilitado consensuar actuaciones entre administraciones, empresas y entidades del tercer sector social que den soluciones a estas situaciones. Todas las administraciones hicieron frente común para resolver definitivamente esta situación.

El acceso a servicios básicos como luz, agua y gas es un derecho fundamental de todos los ciudadanos de nuestros pueblos y ciudades. Por eso actuamos para apoyar a los ayuntamientos de manera que puedan atender lo mejor posible a la ciudadanía ante esta urgencia social. Y lo hacemos a través de aportaciones económicas destinadas a hacer frente al pago de suministros de las familias en situación de vulnerabilidad energética; con actuaciones de carácter preventivo y centradas en el empoderamiento de los equipos municipales; y aportando herramientas para conseguir reducir el consumo energético de los hogares y el gasto en estos suministros.

Por este motivo, desde la Diputació de Barcelona estamos impulsando medidas concretas como, por ejemplo, el diagnóstico de la situación en el territorio. Los municipios, especialmente los equipos de servicios sociales, conocen de cerca la realidad y, junto con las entidades del tercer sector social, están dando respuesta desde hace años a las necesidades más inmediatas. Para ello, en primer lugar, hemos elaborado el informe 'La pobreza energética en la demarcación de Barcelona. Propuestas de actuación desde el ámbito local', que muestra que los entes locales de la provincia de Barcelona han incrementado las partidas económicas destinadas al pago de facturas de suministros energéticos. Esta medida ha evitado cortes de suministros y sigue siendo una acción necesaria ante situaciones de emergencia, pero a menudo estas ayudas se cronifican sin resolver el problema.

Así, según este informe, en el 89% de los municipios de la provincia de Barcelona, las personas usuarias de los servicios sociales que no pueden pagar las facturas de suministros han recibido más de una ayuda por este concepto. La acción asistencial no es, pues, suficiente, ya que no resuelve de raíz el problema y no aborda el conjunto de factores que intervienen.

Responder a la pobreza energética de forma preventiva y estructural implica, pues, intervenir, también, sobre la eficiencia energética de los hogares y para reducir los gastos en energía, lo que significa incidir en las políticas que afectan al modelo energético, a la vivienda, al medio ambiente y al sistema de protección social.

Programa pionero

Por esta razón, y en segundo lugar, desde la Diputació de Barcelona se apuesta por el programa de auditorías e intervención a las viviendas en situación de pobreza energética que hemos puesto en marcha este año -de forma transversal entre tres ámbitos de la corporación: Bienestar Social, Medio Ambiente y Vivienda-, con el fin de mejorar la eficiencia energética de más de 4.000 hogares en el periodo 2016-2017 y desde el 2017 hasta el 2018. Se trata de un programa pionero que quiere educar en un consumo racional, eficiente y responsable de las energías, instalar materiales que permitan mejorar la eficiencia energética (por ejemplo, sustituir las bombillas por otras de LED que tienen un menor consumo, aislamientos de ventanas y puertas, o temporizadores) y dar a conocer las condiciones de contratación, porque hemos detectado en una prueba piloto realizada en 40 viviendas que un 80% de los hogares con derecho a bono social no lo habían pedido.

Por último, hay que tener presente el potencial que tiene el mundo local para promover el trabajo en red, una metodología de intervención social que es imprescindible para abordar de forma preventiva la pobreza energética: es necesaria una acción coordinada entre los servicios sociales, energéticos, de vivienda, de consumo y de salud de los municipios, en colaboración con los diferentes niveles de gobierno, el tercer sector social y las empresas del sector. Esto hace muy necesario que, además de una estrategia y una mesa nacional para abordar la problemática, se desarrollen a nivel local mesas de coordinación o redes de inclusión, en las que el acceso a los suministros sea un ámbito a tratar y donde se invite a participar a los diferentes servicios del ayuntamiento, las entidades sociales y las empresas del sector.

Para llevar a cabo todas estas acciones hay elementos que son clave, como la capacitación de los y las profesionales de los servicios sociales municipales, la sensibilización de la ciudadanía y el desarrollo de buenas herramientas de detección y diagnóstico de la problemática.

En definitiva, si abordamos la pobreza energética desde el ámbito más local, con una mirada global, transversal y de corresponsabilidad, podremos incidir en el modelo social y energético que se encuentran en la raíz de esta problemática y garantizar unas condiciones de vida dignas a toda la ciudadanía. Desde la Diputació de Barcelona hemos empezado a poner las herramientas para afrontar el problema y contribuir con soluciones que faciliten nuestro principio básico, actuar preventivamente para disminuir el gasto energético de los hogares a la vez que garantizamos la calidad de vida de los ciudadanos de nuestros pueblos y ciudades.