Las demandas por el recorte a las renovables llegan a la vía penal

La batalla contra el recorte a las energías renovables se recrudece y complica. La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME), que agrupa desde organizaciones medioambientales hasta sindicatos y partidos; y la Fundación Renovables denunciarán ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción el recorte a las energías renovables aplicado el año pasado por el Gobierno del PP. Tras dos o tres semanas de recogida de firmas como «gesto simbólico» y de explicación a los partidos para que se adhieran, presentarán el escrito por un presunto delito de «prevaricación» del ministerio de Industria.

Esta iniciativa, sobre la que el ministerio no quiso haver valoraciones, supone un salto cualitativo respecto a los miles de denuncias civiles que se han producido hasta ahora en los tribunales, tanto por los ajustes del Gobierno socialista como el llevado a cabo por el PP. Ahora se trata de la vía penal por la «escasa transparencia» del proceso que ha llevado a un recorte que los afectados cifran en unos 3.000 millones de euros.

TRAS VENEZUELA Y ARGENTINA

Se añade, a su vez, a la quincena de denuncias que se tramitan en instancias internacionales por parte de inversores extranjeros, 12 de ellas en el Ciadi, el ente del Banco Mundial para solventar disputas con países. España ya ocupa el tercer lugar en la clasificación de demandas de arbitraje en este organismo, tras Venezuela y Argentina, a causa del ajuste a las energías verdes.

La demanda que promueven las dos entidades sociales se centra en los informes realizados por Roland Berger y Boston Consulting Group (BCG) que, a instancias de la Abogacía del Estado, debían ser el aval independiente en el que se basaba el cálculo para aplicar los recortes. El problema es, según la denuncia, que «no existe informe técnico alguno que fundamente los cálculos» llevados a cabo, ya que estos se entregaron una vez ya en vigor la norma. Y además, pese a pagar 595.000 euros por los trabajos, estos «no gustaron a la Administración, hasta el punto de rechazar uno de ellos de plano (BCG) e instar la modificación de los datos por la otra consultora» (Roland).

El ajuste, denuncian, está marcado por «la completa arbitrariedad», según Jorge Morales de Labra, vicepresidente de la fundación. En el escrito, se apunta al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, a partir de la documentación con la que se cuenta hasta ahora, por ser «quien ha tenido el domino del acto». La orden ministerial, según el texto, «fue dictada con grosero y pleno conocimiento de su arbitrariedad». El escrito lo han redactado los abogados Piet Holtrop, que lleva más de 1.500 denuncias administrativas contra el recorte; y Rafael Mendoza, que trabajaba en una querella similar para Iniciativa per Catalunya (ICV), que se ha sumado al pleito. Esta formación decidió querellarse tras varias negativas del Gobierno a dar información a su diputada Laia Ortiz.

Industria plasmó el ajuste en la orden IET/1045/2014, de 16 de junio, en la que, según el ministerio, se pretendía homogeneizar la rentabilidad de todas las instalaciones afectadas. Pero, según los denunciantes, el proceso «ha carecido de la más elemental transparencia».

De hecho, no fue hasta que el Tribunal Supremo requirió información al Gobierno tras recibir cientos de denuncias contra la orden ministerial que se empezaron a conocer detalles del proceso. En el escrito se destaca que los informes, que no se utilizaron ni se presentaron hasta varios meses después de aprobar la normativa, se adjudicaron «a dedo».

Los abogados esperan que en breve, cuando se cumpla un año de la entrada en vigor del recorte, empiecen a llover las acciones de responsabilidad patrimonial, como ocurrió en el 2010 con las reformas del ministro de Industria socialista Miguel Sebastián.

En el Ciadi, en el Banco Mundial, la última demanda, que es la número 12, la planteó BayWa, que opera en España desde el 2010. La firma alemana tiene varios proyectos fotovoltaicos en España. Uno de ellos en el Puerto de Barcelona, con más de 65.000 metros cuadrados y una potencia de 3,3 megawatios (MW).