Entre la consulta y el programa electoral

No solo de consultas o de referéndums viven los catalanes. Eso es lo que intentó dejar claro el presidente de la Generalitat, Artur Mas, en el debate de política general vivido la semana pasada en el Parlament, pero también las otras fuerzas políticas, tanto las que apoyan al Govern como las de la oposición. Y, de hecho, entre las 140 resoluciones que se pusieron a votación, de las que se aprobaron 49, se tratan múltiples materias. Es más, en el caso de las 38 propuestas que presentaron unidos  CiU y ERC, se podría considerar casi como el embrión de un programa electoral conjunto.

En el terreno económico, y teniendo en cuenta la premisa de que es fácil dar mucho de lo que cuesta poco, CiU y ERC instaron al Govern a presentar "unos presupuestos para el 2015 que prioricen la cohesión social, el crecimiento económico y el funcionamiento de los servicios públicos de bienestar" y un aumento el gasto no financiero para recuperar la paga extra  de los trabajadores de la Generalitat.

Unos compromisos que están muy bien pero que chocan con la realidad de que hasta este momento prácticamente ningún departamento  está trabajando en la elaboración de los presupuestos del año que viene. En general, los dirigentes de CiU y de ERC están más pendientes de un posible adelanto electoral si finalmente no puede realizarse con "plenas garantías democráticas" la consulta del 9-N. O sea que no es un brindis al sol, pero casi.

De todos modos, estas resoluciones sirven para ver algunas apuestas de futuro de este conjunto soberanista. Una de ellas es la conversión del Institut Català de Finances en "la banca pública de Catalunya", aunque algunos se hayan opuesto siempre a este concepto.

También es curiosa la resolución que insta a modificar la ley catalana de cajas de ahorros cuando ya no queda ni una como tal, si bien añaden que se refiere "al caso que se creen nuevas entidades".

Aunque, en plena tormenta por el caso Pujol, quizá una de las resoluciones que debería tener más recorrido es la que insta a potenciar la Agència Tributària de Catalunya, con el objetivo de mejorar la recaudación. Se justifica esa necesidad por el bajo grado de cumplimiento fiscal tanto en España como en Catalunya que "provoca una pérdida de recursos para las administraciones públicas muy significativa".

La Generalitat solo tiene competencias de gestión sobre el 5% de todos los impuestos recaudados en Catalunya. En este reducido porcentaje se incluyen varios tributos referidos a herencias, sucesiones y patrimonio. Tres impuestos sobre los que parece que ha prescrito la posibilidad de reclamarlos al exmolthonorable.