Entidades sociales y sindicatos denuncian la ley del alquiler
Critican que el texto que publica hoy el BOE atenta contra la "seguridad jurídica de los inquilinos"
Las entidades sociales y sindicatos de Catalunya han denunciado hoy que la nueva Ley de reforma del mercado de la vivienda del alquiler, que hoy publica el BOE, "atenta contra la seguridad jurídica de los inquilinos".
En un comunicado conjunto firmado por los principales sindicatos, la Mesa del Tercer Sector Social, Cáritas, la PAH y la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, entre otras, las entidades consideran que esta ley es "un nuevo golpe al derecho a la vivienda".
Las entidades aseguran que esta reforma legislativa "debilita aún más la posición de los inquilinos, criminaliza los impagos por razones de necesidad y facilita los desahucios exprés".
"A la tragedia de los desahucios por ejecuciones hipotecarios se añade la de aquellas personas y familias que, en un contexto de crisis, son incapaces de pagar el alquiler", añaden las entidades, que informan de que en Barcelona más del 80 % de los desalojos están vinculados a dificultades para pagar el alquiler, unos 400 cada mes.
Las entidades sociales, entre las que también están el Consejo Nacional de la Juventud y la Federación de Asociaciones de Vecinos, han desmenuzado la ley y han explicado que la nueva normativa "reduce de 5 a 3 años los contratos de alquiler y facilita los incrementos ilimitados de renta".
DESAHUCIO POR IMPAGO
También denuncian que "permite los desahucios por impago de un solo mes de alquiler y crear un registro de morosos" que, según las entidades, "vulnera el derecho a la intimidad y la protección de datos".
Además, "la ley no hace ninguna mención a la situación de las familias que con motivo de la crisis ven materialmente imposible pagar el alquiler ni establece ninguna diferencia entre los impagos que afectan a grandes propietarios y entidades financieras y los impagos de alquiler que afectan a pequeños propietarios".
Tras denunciar que la ley consolida "privilegios inaceptables para los grandes grupos económicos y financieros que especulan con este bien de primera necesidad, a los que se privilegia con importantes deducciones fiscales", las entidades aseguran que "una política de este tipo resulta suicida y se aleja notablemente de las prácticas de los países más avanzados en la materia".
Las entidades creen que para dinamizar el mercado de alquiler bastaría con forzar el alquiler social de las viviendas en manos de inmobiliarias y bancos, "al menos de los que están siendo apuntalados con recursos públicos".
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