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La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, ha reclamado "ayudas excepcionales" para los afectados por las deudas hipotecarias y un acuerdo político asumido por el sector bancario en el que se incluya, entre otras medidas, flexibilidad de las cuotas y moratoria en el pago.

La defensora ha adelantado esta petición durante su comparecencia en un desayuno informativo, en el que ha anunciado la presentación de un informe, poco después, en el Congreso de los Diputados con una veintena de recomendaciones para reforzar la protección a los hipotecados.

El informe monográfico Crisis económica y deudores hipotecarios: actuaciones y propuestas del Defensor del Pueblo apuesta por ese acuerdo político y plantea mejorar la información y la transparencia en estos contratos.

Sugiere un trato diferente para las adquisiciones de carácter necesario, como la vivienda habitual o los locales de negocio donde se ejerce la actividad que constituye el medio de vida, llegando incluso los casos más extremos a la dación en pago o buscando soluciones --como el arrendamiento forzoso-- que permitan la continuidad en la vivienda o en el local.

El interés general

La institución estima que la actual legislación concursal no es adecuada para la tramitación de la insolvencia de los particulares, por lo que pide un procedimiento específico, con el que las familias queden liberadas de sus deudas tras el concurso, como ocurre con las empresas. Además, el Defensor del Pueblo exige al Banco de España que cambie de orientación y se implique en la protección de consumidores y usuarios.

"Nos encontramos ante una situación excepcional, que merece respuestas excepcionales, aunque sea con carácter temporal, hasta que remonte la coyuntura económica. Porque, al igual que la inyección de liquidez a las entidades de crédito está justificada en nombre del interés general afectado, también en la crisis de los particulares hipotecados está en juego la confianza en nuestro sistema financiero", expone Cava de Llano.

Asesoramiento técnico

El informe propone supresión de tasas, costas, moderación de cláusulas penales y la paralización del devengo de intereses durante el proceso, que contribuyan a superar las dificultades para atender los créditos pendientes de pago. Del mismo modo, sugiere permitir el pago del capital antes que los intereses para reducir la deuda que genera obligaciones accesorias.

Plantea crear mecanismos que faciliten un acuerdo entre las partes porque, explica, el objetivo es que el ciudadano sea escuchado, que los acreedores se sienten a negociar, "y evitar así la condena a la pobreza e incluso a la exclusión social de miles de personas". Cava de Llano ha destacado la necesidad de establecer restricciones a la obligación de firmar un seguro cuando se adquiere el préstamos hipotecario con un grupo de la misma entidad bancaria, dejando abierta la posibilidad de hacerlo con otra compañía.

"Hemos recibido quejas de personas que han caído en desempleo y cuando han ido a hacer uso del derecho de su seguro, les han dicho que no es posible pagarles" porque una de las exigencias era tener un trabajo indefinido y no lo tiene, ha explicad. Asimismo, ha recordado reclamaciones de casos de militares "que tampoco les cubre por ser profesiones de elevado riesgo". Además, pide mejorar el sistema de subastas para que sea más accesible y hacer efectivo un asesoramiento técnico por parte de las entidades financieras y los notarios.