El BBVA pondrá 1.800 pisos a disposición del Govern para familias vulnerables

El BBVA y el Govern han firmado este lunes un acuerdo por el que el grupo bancario pondrá a disposición de la Generalitat 1.800 pisos propiedad de la entidad para facilitar el acceso a la vivienda a familias vulnerables. La mitad de estos pisos están ya ocupados por personas afectadas por procesos de desahucios. Tras la cesión, estas familias y otras personas en situación de riesgo social deberán demostrar que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, según unos criterios que fijará la administración catalana para poden seguir en la vivienda, en unos casos, y acceder a estos pisos con alquileres muy asequibles, en otros. 

El pacto tendrá una vigencia de ocho años y se ejecutará mediante la entrega de inmuebles cada seis meses. Los pisos se cederán en régimen de alquiler a las familias con problemas. Los contratos tendrán una duración máxima de cinco años y las cuotas mensuales oscilarán entre el 10% y el 18% de la renta familiar (entre unos 150 euros o menos y 300 euros), según la gravedad de la situación de vulnerabilidad de la familia. 

El acuerdo lo han firmado este lunes el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la directora de BBVA España, Cristina de Parias. Durante los años de vigencia, la Generalitat acompañará el proyecto de vivienda con un plan de inserción social de las familias. Cristina de Parias ha destacado que el BBVA cuenta desde hace años con una política social de vivienda que garantiza una solución para sus clientes en situación de vulnerabilidad, pero que ahora van más allá y facilitan el acceso a un piso a familias en riesgo "sean o no clientes de la entidad". 

La Generalitat será la responsable de evaluar, seleccionar y gestionar a los beneficiarios de las viviendas. Será también la administración catalana la que marque los requisitos para acceder a estos pisos. 

El acuerdo prevé ceder 300 viviendas cada seis meses, y las primeras se entregarán este mismo verano en Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Tarragona, Lleida, Girona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sabadell o Terrassa, entre otras poblaciones. Otros 300 pisos se entregarán antes de acabar el año para alquiler social, que puede oscilar entre los 100 y los 300 euros, en función de los ingresos familiares.

El acuerdo garantiza que las personas que ocupan actualmente las 900 viviendas cedidas por el BBVA y que estén en situación de vulnerabilidad "no sean desahuciados de su vivienda", ha destacado la Conselleria de Governació de la Generalitat.

QUINTO PACTO

Este es el quinto pacto alcanzado por el gobierno catalán con otras tantas entidades bancarias para la cesión de viviendas para alquiler social, además de la Sareb, con un total de 1.860 pisos, cifra que ahora se duplicará con la cesión de 1.800 inmueble del BBVA. La Sareb ha cedido 930 viviendas; Catalunya Caixa, 400; Bankia, 230; UCI, 100, y CaixaBank, 200, la inmensa mayoría procedentes de procesos de ejecución hipotecaria.

Con la cesión de estos pisos, los bancos delegan en el gobierno catalán el proceso de evaluación de la situación de vulnerabilidad de las personas que los ocupan o pueden habitarlos, y evitan, al mismo tiempo, posibles protestas de los afectados por los desahucios ante sus oficinas.

Según datos de la Generalitat, desde el 2012 se han evitado 16.827 desahucios de viviendas gracias a las prestaciones urgentes concedidas por el gobierno catalán (11.651), acuerdos pactados con los bancos con la mediación del servicio Ofideute (2.920) y contratos de alquiler social formalizados por las Mesas de emergencia (2.256).

El presidente Carles Puigdemont ha considerado, tras la firma del convenio, que el mismo supone una "Solución, con mayúscula" del problema de la vivienda y los desahucios y ha alabado la "sensibilidad" del BBVA, por "este compromiso con la gente" y "contra la indiferencia de las cuentas de explotación".