Al auxilio de Boí Taüll

La estación de esquí de Boí Taüll no puede caminar sola. El complejo turístico del Pirineo de Lleida, que arrastra problemas económicos desde hace años, sigue necesitando la ayuda de la Generalitat, hasta el punto de que el Ejecutivo catalán no descarta quedarse con la gestión, en lugar de ir concediendo préstamos puntuales como hasta ahora. Es una de las posibilidades que hay sobre la mesa para hallar «una solución estable» al resort, según confirmó el delegado del Govern del Alt Pirineu i Aran, Albert Alins.

La Generalitat aprobó la concesión de un préstamo de 600.000 euros a traves de Avançsa a la empresa Promocions Turístiques de la Vall para poder encarar la temporada de esquí. Esta ayuda se hará efectiva esta semana, lo que supondrá un alivio temporal para la empresa. Sin embargo, los trabajadores , que reclaman el pago de tres meses y medio de nóminas, no están dispuestos a esperar más e iniciaron ayer una huelga indefinida hasta que se ingrese el importe pendiente. «Los trabajadores no se fían», recalcó ayer el presidente del comité de empresa, José Manuel Romero (CCOO), que recordó que la empresa incumplió un acuerdo anterior en julio. Un representante del Departament d'Empresa i Ocupació se reunió ayer con la plantilla para asegurarle el cobro de las nóminas, pero no consiguió que se desconvocara la huelga.

INICIO DE LA TEMPORADA

Los afectados por los impagos son 56 empleados (los del área de hostelería en verano y los responsables del mantenimiento durante todo el año). La estación de esquí está actualmente cerrada al público, por lo que de momento la huelga no tiene una repercusión directa en el turismo. Sin embargo, sí podría retrasar el inicio de la temporada de esquí, ya que el paro coincide con las labores de montaje de la estación, advirtió Romero. Cuando el resort está a pleno funcionamiento, trabajan en él en torno a 200 personas.

El préstamo de la Generalitat es la vía de urgencia para salvar la temporada, como hizo el año pasado con otra ayuda de 400.000 euros, que ya ha sido devuelta. A estas aportaciones, se suma un crédito del Institut Català de Finances (ICF), de unos siete millones.

La deuda total de Promocions Turístiques de la Vall ascendía a 42 millones a principios del 2013 (cuando salió del concurso de acreedores). Según algunas fuentes, esta se habría reducido a menos de la mitad. La compañía es propiedad de Nozar, que también ha estado en concurso.

Desde hace meses, el Govern negocia con la empresa para cerrar un acuerdo que asegure la viabilidad a largo plazo, «dada la trascendencia que tiene para la comarca» de la Alta Ribagorça, explicó Alins. Una de las opciones que se barajan es que la Generalitat se haga cargo del resort. «Antes de finales de año sabremos la solución», dijo el delegado del Govern.

No sería la primera vez que el Govern sale al rescate de estaciones de esquí. Actualmente, gestiona a través de Ferrocarrils de la Generalitat cinco estaciones: Vallter 2000, Espot, Portainé, La Molina y Vall de Núria. En los dos últimos casos, no fueron rescatadas, ya que siempre han sido públicas.