Efectos de la nueva reforma laboral

Para analizar los efectos futuros de la reforma laboral no debemos olvidar que sufre desde sus inicios una profunda esquizofrenia. Aunque se justifica como la manera de reducir el paro y mejorar la productividad, su objetivo real -como explica sin tapujos el gobernador del Banco de España- es facilitar el ajuste económico presionando a la baja condiciones de trabajo y salarios.

Ni la creación de empleo ni la mejora de la productividad están al alcance de la reforma y eso lo reconoce el Gobierno. Lo que se le puede pedir es que facilite la contratación de desempleados, promueva la flexibilidad organizativa de las empresas y desincentive la temporalidad y el despido como mecanismos de ajuste. La ley aprobada no parece que sea útil para alcanzar esos objetivos. Pero sí puede afectar negativamente a los derechos de los trabajadores y consolidar aún más un modelo productivo ineficiente.

Los efectos de la legalización de las agencias de colocación con ánimo de lucro dependerán de su desarrollo posterior, de cómo los servicios públicos de empleo ejerzan su control y de los presupuestos públicos disponibles. La experiencia de otros países demuestra que, sin más recursos para atender a las personas con dificultades de inserción laboral, la situación no mejorará. Por el contrario, puede provocar más desigualdad en el acceso al empleo, dado que esas agencias se especializan en los segmentos rentables de trabajadores. Concentrar en los jóvenes sin formación y parados de larga duración los incentivos a la contratación puede mejorar su utilidad y ayudar al empleo. Y el contrato de formación para jóvenes sin titulación puede contribuir a su formación y su ocupación. Pero si no se crea empleo, todo quedará en papel mojado.

La reforma amplía los mecanismos de flexibilidad organizativa de las empresas. Se facilitan las reducciones de jornada y suspensiones de contratos. Permite que los representantes de los trabajadores puedan modificar temporalmente las condiciones de trabajo pactadas en un convenio sectorial y da más facilidades al descuelgue salarial. Medidas previstas para afrontar crisis sin destruir empleo, que no parece vayan a modificar la tendencia al uso de la temporalidad y el despido. Desde hace años, sabemos que estas formas de ajuste funcionan como vasos comunicantes y de nada sirve abrir el grifo de la flexibilidad interna si, simultáneamente, se abre aún más el de los despidos y no se cierra el de la temporalidad. Salvo, claro, presionar a la baja las condiciones de trabajo.

La causa profunda del uso exagerado de temporalidad y despido no está en la ley, sino en las características de nuestra economía. Lo que puede hacer la ley es atenuar esta tendencia o incentivarla aún más, como ocurre en este caso. Hay empresas y sectores en que estabilidad laboral y formación no son necesarias para obtener altas rentabilidades. Por eso, España tiene tanta temporalidad y es uno de los países de la OCDE en que peor se paga la formación. Esa es nuestra gran diferencia con las economías más eficientes, y no el exceso de protección del empleo estable.

La tasa de temporalidad tiene más que ver con el tipo de empresa que con las leyes laborales. Ello explica las grandes diferencias en temporalidad entre sectores y territorios. La temporalidad en el sector público ha superado al privado. Desde hace 20 años, en el turismo o la construcción se triplica o cuadriplica la de la industria o la del sector financiero. Y unas autonomías tienen más del doble que otras. Ni el incremento de la indemnización para los temporales -que no se aplicará íntegramente hasta el 2015- ni los límites al encadenamiento de contratos va a reducir su abuso, dada la escasa entidad de las indemnizaciones en caso de incumplimiento de la ley. El despido exprés y desjudicializado, que la reforma del 2002 creó para los despidos disciplinarios sin causa, se amplía ahora a los objetivos; y la generalización del contrato con 33 días de indemnización, que el FOGASA paga en parte, van en la misma dirección.

Despido más fácil

El resultado de estas medidas no va a ser la sustitución de los despidos por la flexibilidad organizativa como mecanismo de ajuste, sino la sustitución de una modalidad de despido por otra más fácil y barata.

La experiencia de 26 años de reformas nos permite afirmar que, lejos de producir un cambio de tendencia, la reforma actual puede profundizar aún más en el círculo vicioso de menos derechos y estabilidad, menos formación e innovación, menos productividad y menos competitividad. Así, lo de crear empleo, cambiar el modelo productivo y economía sostenible, suenan a broma.