Los artistas callejeros claman contra la requisa de instrumentos

A un año de las elecciones municipales y dos después del endurecimiento de la ordenanza cívica por parte del gobierno local de la mano del PP, un grupo de artistas callejeros de la ciudad vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre las normativa del civismo. El colectivo de músicos y actores que trabajan en la vía pública, sobre todo en Ciutat Vella, presentó ayer un manifiesto creado por su recién creada asamblea en que plantean cinco punto, encabezados por la petición del cese de manera inmediata del requisado policial de instrumentos, «material artístico y otras herramientas de trabajo necesarias para la supervivencia del artista».

Con la normativa vigente, la policía puede requisar a un músico su instrumento y exigirle el pago de 200 euros para recuperarlo antes de dos meses.

En una colorida rueda de prensa en la plaza del Pi, los músicos explicaron que desde la entrada en vigor de la ordenanza, en el 2006, la realidad del arte callejero está en peligro. «El arte es libre, enriquece a la ciudad y a las personas que transitan por ella», dijo Begoña Martínez, una de las portavoces del colectivo.

«Nos sentimos acosados. Solo pedimos que cese la criminalización y las sanciones; la despenalización de esta actividad en la calle, por ejemplo a partir de la inscripción en un registro de libre acceso. «Nos hacen sentir miedo, nos multan y nos quitan los instrumentos y el dinero que hemos recaudado con nuestro trabajo», denuncia Joaquín Ortega, actor que lleva 35 años trabajando en las calles de la ciudad, quien asegura con una sonrisa triste, de payaso, que desde hace un mes y medio, cuando empezó a forjarse la campaña de denuncia presentada ayer, ha empezado a sentirse «menos solo».

Con esa voluntad comunitaria y de visualizar el miedo que sienten, la fragilidad en la que se encuentran, la artista Íngrid de la Torre está rodando el documental Sin permiso, en recoge las escenas cotidianas de estas personas, mientras son identificadas y multadas por la Guardia Urbana por ofrecer sus espectáculos en lugares como la plaza del Pi.

«CUMPLIR LAS NORMAS» / El municipio responde que la policía local actúa haciendo cumplir las ordenanzas, «de manera prioritaria cuando la actuación de estos músicos genera molestias a vecinos y ciudadanos». Según el propio consistorio en lo que llevamos del 2014 e han puesto 103 multas por este concepto.

El abogado del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la UB Andrés García Berrio plantea la necesidad de hacer una reflexión profunda sobre el derecho a la ciudad, a la cultura y al arte, ese arte que también atrae a los turistas. «Los artistas que ejercemos en la calle somos parte fundamental del atractivo turístico y de la imagen de la ciudad que se proyecta al exterior -explica Martínez-. Es muy cínico que por un lado usen nuestra imagen para venderse como una ciudad viva y, por el otro nos persigan».

Siguiendo la argumentación de la doble moral del gobierno municipal, los artistas organizados critican que sus multas sean en concepto de un uso intensivo del espacio público -de 120 euros- mientras la ciudad «regala las plazas a las terrazas de restaurantes y bares». «Desde el observatorio estamos preocupados por la situación de acumulación de multas de forma casi cotidiana», prosigue el letrado, quien subraya la idea de que la ordenanza cívica rompe el derecho a la ciudad.

El malestar de los músicos es extensivo a otros colectivos, como manteros, lateros y prostitutas. Jordi Mir, director del Centre d'Estudis sobre Moviments Socials de la UPF habla de los peligros de confundir las causas con las consecuencias. «Con ordenanzas de este tipo se recoge todo aquello que molesta, no es deseable, que no es bonito. Da igual que sea gente que vive en la calle, músicos o lateros.  Los escondes tras la norma y los multas. ¿Se arregla el problema a base de multas?».