El Gobierno pide ahora un pacto para aumentar la caja de las pensiones

Tras cuatro años eludiendo el debate, el Gobierno admitió ayer la posibilidad de que algunas pensiones no se financien a cuenta de la Seguridad Social, sino mediante impuestos, una vieja reclamación de los grupos de la oposición y de los sindicados preocupados por el aumento del gasto, la caída de los ingresos por cotizaciones y la reducción del fondo de reserva.

Tomás Burgos, secretario de Estado de la Seguridad Social, abogó ayer, en su comparecencia en el Congreso para explicar los presupuestos el año que viene, por abrir el debate para determinar qué pensiones deben considerarse contributivas y financiarse con las cotizaciones sociales y cuáles deben tener carácter no contributivo y tener otras fuentes de financiación, principalmente con dinero de los impuestos. Entre las primeras estarían las de jubilación e incapacidad. Entre las segundas, las de viudedad y orfandad.

El problema no tiene una solución sencilla para las rentas por muerte y supervivencia, terminología que prefirió utilizar el responsable de la Seguridad Social, ya que las pensiones de viudas y los huérfanos son contributivas y se pagan con cotizaciones sociales. Burgos abrió la puerta a que éstas se paguen con impuestos, lo que supondría un cambio radical de todo el sistema.

REVISIÓN DEL PACTO

En todo caso, estos cambios centrarían el debate que se debe producir en el 2016 dentro de la revisión que toca del Pacto de Toledo.

Aún reconociendo que en esta legislatura, el Gobierno del PP ha puesto orden a la financiación de la Seguridad Social, la oposición tiene dudas sobre el alcance de los cambios.

Isabel López Chamosa, portavoz del grupo socialista, se opone a que las rentas de viudas y huérfanos dejen de ser contributivas, porque «para ello han cotizado los cónyuges y progenitores», explicó a este diario. Otra cosa es que se traspase dinero de los impuestos a la Seguridad Social para que el sistema disponga de todos los recursos necesarios para pagar estas prestaciones o de que, como en Francia, se instaure una cotización social y solidaria.

Según los cálculos de la diputada por Barcelona, sacar de la Seguridad Social las pensiones de viudedad y orfandad representaría unos 24.000 millones de euros, en torno a 2,5 puntos del PIB.

ADAPTACIÓN

En todo caso, debería establecerse un periodo transitorio de adaptación, al menos en el caso de las viudas, para no acabar de un plumazo con la «proporcionalidad» que ahora existe entre cotización y renta, explica López Chamosa, que ve «muy complicada» la situación que se podría crear.

Carles Campuzano, diputado de CDC encuadra esta posible reforma en la «aquitectura» de todo el sistema. Además, considera que la salida de las pensiones de viudedad y de orfandad del sistema debería ser «paulatina» porque supone un «cambio profundo a medio plazo».

En declaraciones a este diario, el diputado de Convergència pidió además que las pensiones de viudedad se adapten a los nuevos tipos de familia, como parejas de hecho o matrimonios del mismo sexo, y que se resuelva la «realidad concreta» de las bajas cuantías de las pensiones de la gran mayoría de las viudas. En este sentido, Campuzano recordó que en esta legislatura no se ha cumplido el compromiso de la anterior de subir los mínimos de las bases reguladoras de esta prestación.

Para el 2016, la Seguridad Social cuenta con un presupuesto de 121.232,57 millones de euros para pensiones, la gran mayoría contributivas. Estas seguirán creciendo en torno al 1% y el gasto, al 2,8% anual, aunque es el crecimiento más reducido de la serie histórica.

La oposición tachó de «irreal» la previsión de que los ingresos por cotizaciones crezcan el 6,7% ya que el empleo creado es temporal y con salarios reducidos. El PSOE e ICV expresaron sus sospechas de que el Ejecutivo trate de implantar un sistema mixto con pensiones bajas y planes privados complementarios tras vaciar el fondo de reserva al sacar dinero sin límite.