La decisión de los sabios

El pasado 12 de abril, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, anunciaba que el Consejo de Ministros había aprobado la composición del panel de expertos que definirá el llamado«factor de sostenibilidad»de las pensiones, un instrumento que pretende«garantizar la viabilidad futura de los sistemas de pensiones que afrontan en las próximas décadas un acusado envejecimiento de la población».

Ayer, más de dos meses después del encargo, tras superar diversas discrepancias y elaborar un documento definitivo de 42 páginas, el comité procedió a votar la propuesta conjunta. No fue un sí unánime, pero sí mayoritario: fue aprobada por 10 de los integrantes, con un voto en contra y una abstención. Además, tres de los miembros emitieron votos particulares.

De los 10 que votaron a favor, nueve lo hicieron sin comentarios: Víctor Pérez-Díaz (presidente de la comisión, catedrático de Sociología y colaborador de la fundación FAES), Manuel Lagares (catedrático de Hacienda y subsecretario de Economía en el primer Gobierno de Adolfo Suárez, en 1977), José María Marín (catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, que afirma que su actividad investigadora«sirvió como referencia»de la ley de pensiones que George W. Bush promulgó en el 2006), Miguel Ángel Vázquez (periodista, director de análisis y estudios de Unespa) y J. Ignacio Conde (subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Fedea).

También dieron su visto bueno Rafael Doménech (economista jefe de economías desarrolladas del servicio de estudios del BBVA), José Enrique Devesa (profesor de Economía Financiera de la Universidad de Valencia), Mercedes Ayuso (catedrática de Econometría, Estadística y Economía Española de la UB), Francisco Castellano (catedrático de Hacienda Pública en la Uned) y Miguel Ángel García, director del gabinete de estudios de CCOO. Este, sin embargo, lo hizo con un voto particular al mostrar su«preferencia de desplazar hasta el 2019 la implantación de los dos componentes del factor de sostenibilidad recomendados».

José Luis Tortuero (catedrático de Derecho del Trabajo y autor de un estudio sobre la reforma del sistema de pensiones para el anterior Gobierno socialista) fue quien se abstuvo. En su voto particular, consideró que se pretende«dar prioridad al ajuste económico, básicamente alcanzable mediante reducción de las pensiones, frente a lo deseable, que sería abordar la modernización del sistema de protección diseñado en la Constitución».

Mientras, el único experto que rechazó el texto fue Santos Ruesga (catedrático de Economía Aplicada, cercano a UGT), quien trasladó su«desacuerdo total»con el informe, ya que considera que«parte de un diagnóstico excesivamente alarmista»y porque cree que incluye una«crítica subyacente al sistema de reparto». Ruesga, quien no asistió a la presentación del informe, también denunció que el texto«no considera otras alternativas posibles».