VENTA ILEGAL CALLEJERA
Colau y el Síndic exigen colaboración al Gobierno para erradicar el top manta
Piden la actuación urgente de la Policia Nacional y la Guardia Civil en aduanas para frenar la llegada de productos ilegales
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, han reclamado este martes la colaboración del Gobierno para intentar atajar el creciente fenómeno del top manta en Barcelona y otras ciudades catalanas. Tras una reunión mantenida en el consistorio, Colau y Ribó, han coincidido en que hay que tomar medidas urgentes porque el problema "está cogiendo dimensiones desproporcionadas", según ha remarcado la alcaldesa, sobre todo en la zona marítima del puerto.
El Síndic, después de trasladar al ayuntamiento las conclusiones de un informe emitido el pasado febrero, ha insistido en que los dos retos principales son la reinserción social de los manteros y la erradicación del problema de base: la importación de los productos ilegales de carácter mafioso. "Mientras no se acuerde una actuación con el gobierno español, que es quien tiene la competencia para controlar las aduanas, tendremos el mismo problema", ha añadido. El Síndic también ha apelado a la ciudadanía para colaborar en la lucha contra el top manta, insistiendo en la necesidad de hacer un consumo responsable y "no comprar productos falsificados".
MÁS VIGILANCIA
Por su parte, Colau ha subrayado que el ayuntamiento no ha dejado de trabajar para intentar abordar el fenómeno, sobre todo con su reciente masificación con la llegada del verano. La alcaldesa ha asegurado que se intensificará la vigilanciaintensificará la vigilancia para frenar la concentración de manteros en las zonas más afectadas. Una de las primeras medidas que ha anunciado es el lanzamiento de una campaña de comunicación preventiva para que turistas y ciudadanos no agraven el problema consumiendo productos de venda ilegal. Además, ha remarcado que finalizada la campaña contemplan aplicar la ordenanza y sancionar a aquellos que compren en el top manta. El pasado año hubo más de 200 multas de un máximo de 500 euros.
Sin embargo, la alcaldesa ha insistido en que el límite competencial del consistorio les obliga a pedir "la colaboración interadministrativa con la Generalitat y el Gobierno. Pero ha dicho que mientras sí que hay un dialogo abierto con las Administraciones catalanas y los comerciantes, el Gobierno "aún no ha puesto de su parte". Es por ello que ha pedido su colaboración urgente, y ha recordado que este jueves está prevista una reunión con la Generalitat y ayuntamientos, donde esperan también la participación de la Administración central.
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