Mas convocará el sábado la consulta y la activará de inmediato

FIDEL MASREAL / BARCELONA

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Si el secretismo del Govern y del president Artur Mas respecto a cuándo se convocará la consulta tenía por objeto pillar desprevenido al Gobierno del PP, al final el Ejecutivo de Mariano Rajoy, y todo el mundo, ha sabido con dos días de antelación que será manana cuando el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) publique la ley de consultas y Mas firme la convocatoria del referéndum de la doble pregunta fijado para el 9 de noviembre. Ayer,  el president mantuvo que actúa con «habilidad y astucia» y comparó su táctica con la que dio a David la victoria frente a Goliat.

La incógnita se despejó 48 horas antes gracias a que Mas comunicó sus intenciones a los grupos parlamentarios con los que pactó la fecha y la pregunta de la consulta. Hace una semana, fuentes de CiU apuntaban que lo mejor era actuar de inmediato tras la validación de la ley en el Parlament. Pero la doble circunstancia del viaje del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a China y la reunión, de martes a jueves, del pleno del Tribunal Constitucional (TC)  hizo cambiar de planes: era mejor esperar a que el TC ya no estuviera activo y aprovechar la ausencia del jefe del Ejecutivo.

Además de jugar a la guerra de nervios, durante estos días más de 800 municipios han aprobado mociones en favor del 9-N. A ellos se sumó ayer también la Diputación de BarcelonaDiputación de Barcelona, con los votos de CiU, ERC-AM e ICV-EUiA-EpM, y el rechazo del PPC y los socialistas catalanes.

MAQUINARIA A PUNTO / Así pues, el Palau de la Generalitat (que dispone desde hace días de un plató televisivo para lo que haga falta) será el escenario mañana por la mañana de una firma histórica, tras la que Mas pronunciará un discurso.

Una firma que se parecerá más bien a un pistoletazo de salida. El contenido del decreto y su posible anclaje constitucional tendrán su importancia. Pero también tendrá valor que de inmediato la vicepresidenta del Govern firmará convenios para disponer de las urnas (se prevén 8.000 puntos de votación) y las papeletas (a cargo de internos del centro penitenciario de Ponent), así como para otras cuestiones informáticas y administrativas. El mismo sábado estará en vigor una comisión de control que ha de velar por el buen funcionamiento del proceso (que será, provisionalmente, la que ya tuteló las iniciativas legislativas populares). El Parlament escogerá a los siete miembros de la comisión de control definitiva la próxima semana.

El domingo saldrán publicados los primeros anuncios institucionales en los medios de comunicación que (según la ley de consultas, pueden publicarse al día siguiente de firmarse el decreto).  Eso irá acompañado de una web específica. Y en un plazo breve, el registro de votantes ha de estar validado por los participantes. Por cierto, que o mucho han aumentado las inscripciones o de los 211.000 catalanes en el extranjero, habrá apenas 2.000 inscritos previamente para poder votar.

La comunicación y actualización de los datos de este registro «no requieren el consentimiento del interesado», dice la ley. Los ciudadanos europeos con un año de residencia en Catalunya y los extracomunitarios con tres años de permanencia tendrán un periodo de tiempo para acreditar su voluntad de participar. Organizaciones de inmigrantes extracomunitarios han alertado que es el Ministerio del Interior el que facilita los certificados de residencia.

¿SEGUIR TRAS LA SUSPENSIÓN? / El decreto de Mas también incluirá otras reglas concretas, el gasto del proceso y el periodo de campaña de difusión para garantizar una votación «en igualdad de oportunidades». Celeridad en todo ello para que el Gobierno central tenga que instar a la suspensión de algo que ya lleva en marcha al menos unos días. Y tras la previsible suspensión, ¿cuántos pasos más dará el Govern, aun a riesgo -como advirtió ayer el exfiscal José María MenaJosé María Mena- de que cualquier acto preparativo que lleven a cabo las autoridades y funcionarios para seguir preprando la consulta constituirá un delito que conllevaría penas de inhabilitación? CiU sostiene (y esto es clave para que ERC siga a su lado) que no se quedará de brazos cruzados porque una suspensión cautelar no es una sentencia. Se habrá entrado de lleno, en palabras de Mas, en terreno desconocido.