08 jul 2020

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HASTA NUEVE AÑOS DE CÁRCEL

El nuevo Código Penal de tráfico en cuatro claves

El endurecimiento de las penas por los accidentes se aprueba defintivamente este miércoles en el Senado

La reforma es fruto de la campaña #PorUnaLeyJusta emprendida por Anna González, la viuda de un ciclista atropellado por un camionero

Manuel Vilaseró

La ministra Dolores Delgado, el exciclista Alberto Contador y Anna González, con la firmas de apoyo a la campaña #PorUnaLeyJusta, el pasado agosto.

La ministra Dolores Delgado, el exciclista Alberto Contador y Anna González, con la firmas de apoyo a la campaña #PorUnaLeyJusta, el pasado agosto. / JOSE LUIS ROCA

El endurecimiento de las penas por los delitos de tráfico se aprueba definitivamente este miércoles en el Senado y en unos días entra en vigor. Es la reforma del Código Penal fruto de la campaña #PorunaleyJusta, emprendida por Anna González, la viuda de Óscar, un ciclista que fue arrollado en 2015 por un camionero que se dio a la fuga y no tuvo que afrontar inicialmente ninguna proceso penal.  El mundo del ciclismo, con Alberto Contador Perico Delgado a la cabeza, se lanzaron al apoyo de la propuesta, que recogió al final más de 250.000 firmas.

Los principales cambios legales, que no afectan sólo a los atropellos de ciclistas, sino que son de aplicación en cualquier accidente de tráfico, son los siguientes: 

Nuevo delito: abandono del lugar del accidente

Se crea el nuevo delito de "abandono del lugar del accidente", con penas de 2 a 4 años de prisión en caso de que el accidente sea resultado de una imprudencia. En caso de que el siniestro fuera fortuito, de 3 a 6 meses de  cárcel.

Hasta ahora solo existía el delito de omisión del deber de socorro pero solo se apreciaba si la víctima estaba viva y no había otra persona que pudiera auxiliarla. La paradoja es que una fuga con fallecidos no era delito pero con lesionados sí podía serlo.

Este fue el caso del camionero que arrolló al marido de Anna González. Huyó y no se le pudo imputar la omisión del deber de socorro.

La imprudencia grave automática

Si se comete un delito contra la seguridad vial causando  fallecidos o heridos ésta conducta pasará automáticamente a ser considerada imprudencia grave. Las penas serán de entre 1 y 4 años de cárcel en caso de muerte y hasta 1 año en caso de lesiones.

Hasta ahora el juez lo valoraba caso a caso y en muchas ocasiones este tipo de conductas no las consideraba imprudencia grave.

Algunos de los delitos contra la seguridad vial más importantes son la conducción con drogas, alcohol a partir de 0,6 mg/l de aire espirado, exceso de velocidad de más de 60 km/h en ciudad y 80 km/h en carretera y condución sin carnet.

Hasta 6 y 9 años de cárcel

 Hasta ahora, a la imprudencia grave con resultado de muerte solo se le podía aplicar la pena máxima de cuatro años, fuera cual fuera el número de fallecidos. Ahora el juez “podrá” agravar la pena en un grado (hasta 6 años de prisión) si se causan como mínimo dos fallecidos o un fallecido y un lesionado muy grave (lesiones invalidantes).

El juez podrá agravar la pena en dos grados (hasta 9 años de prisión) si los fallecidos son “muchos”. La norma no concreta cuántos serían esos “muchos”. Deberá apreciarlo el juez caso a caso.

Los siniestros menores vuelven a ser delito

Si se comete una infracción grave de la ley de Tráfico (adelantamiento prohibido, saltarse un semáforo o un stop, conducir manipulando el móvil, no guardar la distancia de 1,5 cuando se pasa a un ciclista, etc) con resultado de lesiones o muerte se considerará imprudencia menos grave.

La pena es pequeña, de 3 a 6 meses de multa, pero eso es lo menos trascendente. Lo importante es que estos siniestros, la gran mayoría de los que se producen, vuelven a ser considerados delito y, por tanto, las víctimas pueden gozar de la protección que les otorga la legislación penal (abogado de oficio, la actuación de la fiscalía y los peritajes judiciales).

Estas conductas eran consideradas falta dentro del Código Penal antes de la reforma llevada cabo por el PP en el 2015. La modificación legislativa eliminó las faltas derivando estos casos a la legislación civil, donde la víctima está desprotegida ante las aseguradoras.