Recogen firmas para remunicipalizar el servicio del agua en Terrassa
La Mesa del Agua defiende que la gestión pública es "la única viable y que garantiza la transparencia"
La Mesa del Agua de Terrassa inicia una campaña de recogida de firmas a favor de la remunicipalización del servicio de agua en la ciudad. Uno de los miembros del colectivo, César Guia, explica que la iniciativa quiere servir para informar a la gente sobre la situación de la gestión de este servicio en la ciudad y conseguir los máximos soportes posibles a favor de recuperar la gestión pública.
El movimiento surge en previsión de lo que pueda pasar en 2016, año en que finaliza la concesión de la gestión del servicio a la empresa Mina de Aguas Terrassa. Guia expone que entonces se abrirá la posibilidad de recuperar la gestión pública, la única que ve “viable” y que “garantiza la transparencia”.
La Mesa tiene previsto llevar esta recogida de firmas a varios puntos de la sociedad y entregarlas el futuro gobierno local que surja de las elecciones municipales de 2015. El portavoz asegura que el tema del agua será uno de los importantes durante la campaña electoral y pide que tanto el Ayuntamiento como el resto de grupos que se quieran presentar a los comicios clarifiquen su postura en este tema.
Guia explica que el 2016 hay la posibilidad de conseguir esa remunicipalización o continuar con el sistema actual y defiende que la primera opción es la que se debería imponer. Explica que en el caso de las concesiones, las empresas privadas buscan sus beneficios industriales y considera que en un servicio como es el agua “no puede haber ánimo de lucro”. Añade que todos los beneficios se deberían reinvertir en el propio servicio, en mejorar la calidad en infraestructuras y en conseguir tarifas más justas. “Un servicio básico como el agua no puede estar en manos privadas”, asegura.
El aspecto social es uno de los temas importantes en la defensa de la gestión pública ya que explica que, a pesar de los avances en los últimos tiempos, las empresas acostumbran a cortar el servicio cuando hay impagos y cree que desde la empresa pública se podría, en cambio, apostar por una financiación cruzada u otros sistemas para evitar estas situaciones. Añade que se trata de un derecho universal y que se debe asegurar que todo el mundo pueda tener acceso a él “sin estar sujeto a la capacidad económica”.
El año pasado el Ayuntamiento de Terrassa vendió sus acciones a la empresa Mina y obtuvo 1,4 millones de euros, que se han visto reflejados en el presupuesto de este año. Desde la Mesa piden también que si se llega a la gestión pública del servicio, se recuperen estos dineros para invertirlos en el servicio.
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