Denuncia de su exmarido
La jueza descubre cuánto dinero ganó Rocío Carrasco el año pasado
La magistrada investiga si la mujer paga los 200 euros mensuales a su hijo a los que está obligada desde enero de 2018
Los datos de la Agencia Tributaria revelan que ingresó 25.164,66 euros, la mayoría pagados por la revista Hola!
Luis Rendueles
Redactor
Escribo sobre sucesos y territorios negros desde hace treinta años. Con Julia Otero en la radio. Prensa Iberica desde 2021. Antes, subdirector de Interviu.
La jueza Verónica Carabantes, que investiga si Rocío Carrasco ha cometido un delito de impago de pensión a su hijo, ya tiene el informe sobre el patrimonio de la mujer que había solicitado. En ese documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se recoge que Carrasco recibió percepciones por un total de 25.164,66 euros brutos durante el ejercicio fiscal de 2020. Ese año, según la denuncia de su ex marido, Antonio David Flores, la mujer no pagó a su hijo la pensión alimenticia de 200 euros al mes a la que está obligada desde enero de 2018. Aquel año fiscal, Rocío Carrasco declaró que había ingresado 0.01 euros.
El informe patrimonial sobre Carrasco, integrado por datos de la Agencia Tributaria, el SEPE y la Seguridad Social, refleja que el pasado año recibió 20.000 euros brutos de la revista 'Hola!' De hecho, en mayo de 2020 protagonizó una portada y un amplio reportaje en los que hablaba de grandes cambios en su vida.
Otros pagadores
Las otras dos empresas que figuran como “retenedores” (pagadoras) de la hija de Rocío Jurado en 2020 son la Asociación de Actores e Intérpretes (AISGE) (3.137,08 euros brutos en concepto de “cursos, seminarios y obras artísticas”) y la productora de televisión Proamagna SL (2.027,58 euros brutos). En febrero de 2020, poco antes de la pandemia del coronavirus, se publicó que Rocío Carrasco y esa productora, encargada entre otros del programa de Bertín Osborne, habían llegado a un acuerdo para hacer una serie y un documental sobre su madre.
Todos estos datos forman parte de la investigación sobre el posible delito de impago de pensión abierta en el juzgado número 3 de Alcobendas (Madrid). Se trata de demostrar si la mujer debe pagar la pensión y si tiene recursos económicos suficientes para hacerlo. El viernes 21 de mayo, la jueza tomó declaración a David Flores, el segundo hijo de Rocío Carrasco y Antonio David Flores. El joven vive con su padre, padece una enfermedad genética y es “dependiente económicamente”, por lo que otra magistrada ordenó a su madre que pagara 200 euros mensuales desde enero de 2018.
Deuda con Hacienda
En marzo pasado, su ex marido denunció que Carrasco nunca ha pagado esa manutención y la acusó de haber cometido un delito de impago de pensión, de ahí que la jueza haya pedido los datos patrimoniales y la vida laboral de Rocío Carrasco. Ella fue citada el pasado 30 de abril, pero se negó a declarar ante la jueza y ha presentado recursos para que se archive la denuncia.
Rocío Carrasco pasa por una difícil situación económica. La Comunidad de Madrid le reclama 918.000 euros por no pagar el impuesto de sucesiones tras recibir la herencia de su madre, fallecida en 2006. Ella ha recurrido esa reclamación, algo que está pendiente de resolverse. Mientras, Hacienda tiene embargadas algunas de sus posesiones, como una finca en Chipiona (Cádiz) y el chalet, a nombre de una sociedad, en el que vive en Madrid con su marido, Fidel Albiac.
Maltratada
En el penúltimo capítulo de la serie sobre su vida, donde ha relatado los malos tratos sufridos a manos de su ex marido, Rocío Carrasco explicó que “yo tengo que trabajar y tengo que hacer cosas para vivir, no tengo árboles que tengan dinero”. Desmintió que parte de la herencia de su madre esté puesta a nombre de su marido.
Por otro lado, su ex marido, Antonio David Flores, debe depositar una fianza de 60.000 euros y se enfrentará próximamente a un juicio por un presunto delito de alzamiento de bienes y otro de insolvencia punible. Flores no pagó la pensión de sus dos hijos durante varios años cuando ellos eran menores y vivían con la madre. La fiscalía afirma que además ocultó sus ingresos para no hacerlo. Podría ser condenado a un máximo de cinco años de cárcel.
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