Ir a contenido

Violencia machista

Los partidos cambiarán la ley para evitar casos como el de la madre de Granada

Darían cobertura a quienes son acusadas por los maltratadores de sustracción de menores

Juana Rivas, la madre de Maracena que huyó con sus hijos, sigue en paradero desconocido

Julia Camacho / Sevilla

Juana Riva, centro, tras una rueda de prensa celebrada el pasado martes en la que denunció su caso.

Juana Riva, centro, tras una rueda de prensa celebrada el pasado martes en la que denunció su caso. / Miguel Angel Molina

El caso de Juana Rivasla madre de Maracena desaparecida para no tener que entregar a sus hijos a un padre maltratador, ha dejado al descubierto algunos flecos en las medidas recientemente aprobadas por el Congreso contra la violencia de género. Así, el Senado pedirá este viernes que se estudien las modificaciones legislativas necesarias para otorgar protección a las víctimas que se hallen incursas en situaciones de sustracción internacional de menores, cuyo origen sea una situación de violencia de género, velando de esta manera por el interés superior del menor. Tras su huída, Rivas podría enfrentarse a delitos de desobediencia a la autoridad judicial y de secuestro o sustracción de menores.

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada ha denegado este viernes las medidas cautelares que el exmarido de Rivas ha solicitado contra ella, entre las que figuraba una orden internacional de detención, aunque ha trasladado las actuaciones a un juzgado de instrucción para que se abra una nueva investigación ante posibles indicios de delito tras lo expuesto por la representación legal del padre de los niños.

El voto particular se produce con el acuerdo de todos los grupos de la Cámara Alta y se incorporará este viernes al debate del informe de la ponencia sobre estrategias contra la violencia de género. La iniciativa también se ha incorporado al informe que, tras seis meses de debate, fue a dado a conocer el pasado lunes por la Subcomisión del Congreso, y que servirá de guía al Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Entre otras medidas, el documento plantea que la custodia compartida no se imponga en casos de violencia de género, tal y como piden desde hace años numerosas asociaciones que trabajan con las víctimas.

Impedir las visitas

Los grupos coinciden en la necesidad de impedir las visitas de los maltratadores a sus hijos. En la mente de muchos está el caso de María Salmerón, la mujer sevillana que litiga para evitar la cárcel por las multas derivadas del incumplimiento del régimen de visitas a su exmarido, condenado por maltrato hacia ella.

El documento también establece la recomendación de otorgar protección a las víctimas que se hallan incursas en situaciones de sustracción internacional de menores cuyo origen sea una situación de violencia de género, como le ocurre a Rivas. Residente en Italia y con una pareja condenada en el  2009 por agredirla, aprovechó un viaje a Granada el pasado verano para instalarse en la ciudad andaluza y poner su situación en conocimiento de la justicia. De momento, y ante la denuncia del padre por sustracción de menores, los tribunales le dicen que los niños deben volver a Italia, donde debería iniciar el procedimiento para quedarse con la custodia.

Los grupos presentes en la Comisión de Igualdad --PP, PSOE, Podemos, ERC, PNV, CDC-CC y Agrupación Socialista Gomera (por el Grupo Mixto)— quieren ir un paso más y, en un voto particular, piden que se realicen las modificaciones legales necesarias para dar cobertura jurídica a esos casos, de forma que la medida se incorpore a las otras 266 ya pactadas. El documento final será debatido por el Pleno de la Cámara Alta el próximo 12 de septiembre.

Apoyo a la "desobediencia civil"

La situación de Rivas ha generado una ola de solidaridad no solo de colectivos y ciudadanos, sino también de instituciones. El PSOE pidió que la sentencia que le obliga a devolver a los niños no se ejecute, tal y como recomienda el nuevo pacto. La Junta de Andalucía, que se arroga el “impulso” del acuerdo con la propuesta que remitió al Gobierno central a finales del 2015, llegó a calificar de “terriblemente injusta” la situación de la granadina.

La propia presidenta Susana Díaz anunció en las redes sociales que la administración regional le “proporcionará asistencia jurídica” para pedir la suspensión del régimen de visitas de sus hijos. En la comunidad, la ley de prevención y protección integral contra la violencia de género amplía el concepto de víctima e incluye a los hijos como “víctimas directas”. También equipara la violencia machista con todo tipo de terrorismo.

También el PCA ha expresado su apoyo a Rivas “no solo para defender sus derechos, también para ejercer la desobediencia civil que está realizando”, en referencia a su huida. Así, la responsable del área feminista y exconsejera andaluza Elena Cortés aseguró que la desobediencia civil y las redes de apoyo mutuo "pueden ser una respuesta ante situaciones tan gravísimas de vulneración de Derechos Humanos como la que está viviendo la compañera Juana”.