La Generalitat quiere ser acusación popular por el crimen machista de Kimberli en Figueres y revisa los protocolos de protección en casos de alto riesgo

La Generalitat quiere personarse como acusación popular en la causa por el crimen machista de Figueres en el que murió Kimberli Duran el pasado 19 de mayo. El Govern está a la espera de obtener el consentimiento preceptivo de la familia de la víctima para poder dar este paso, según la consellera d’Igualtat i Feminisme, Eva Menor. Que precisa que el Ejecutivo «está a la espera de obtener el preceptivo consentimiento de la familia de la víctima».

En una respuesta parlamentaria también revela que el Govern está revisando los mecanismos de prevención y protección ante casos de alto riesgo. En concreto, la Generalitat pone el foco en los agresores reincidentes o que incumplen las medidas judiciales de protección, uno de los elementos que marcó las horas previas al asesinato de Kimberli.

El posicionamiento llega cuatro meses después de un crimen que abrió numerosos interrogantes sobre las 72 horas previas al asesinato y sobre si se activaron todos los instrumentos disponibles para proteger a la víctima. Kimberli había sufrido agresiones los días anteriores, el hombre había sido detenido dos veces y había incumplido una orden de alejamiento. Pocas horas antes del crimen, había quedado en libertad provisional.

Agresores que incumplen órdenes

Uno de los principales puntos que aporta la respuesta de Menor es que, en el marco del análisis del Comitè de Feminicidis, se están revisando los protocolos específicos. «Estamos a la espera del informe del Departamento de Justícia i Qualitat Democràtica», explica la consellera, para analizar los protocolos de actuación con agresores con antecedentes de quebrantamiento de órdenes de protección.

Paralelamente, el Govern asegura que trabaja para reforzar las herramientas de las que disponen los profesionales que atienden a mujeres víctimas de violencia machista. El objetivo, señala Menor, es «valorar mejor el riesgo de que a corto plazo se produzcan actos violentos graves» por parte de la pareja o expareja.

La respuesta también apunta a una «revisión permanente de los protocolos», con la actualización de datos, la mejora de los criterios de clasificación y la incorporación de nuevas metodologías para aumentar la precisión en la evaluación del riesgo. En los casos de personas sometidas a ejecución penal, el Govern explica que se refuerza el seguimiento de los perfiles con antecedentes de violencia, reincidencia o incumplimientos.

La Generalitat no concluye, sin embargo, en esta respuesta parlamentaria que se haya producido un error concreto en la actuación policial, judicial o asistencial en el caso de Kimberli. Lo que sí anuncia es la revisión y mejora de los mecanismos existentes a raíz del análisis de los feminicidios.

La respuesta del Govern llega a raíz de una pregunta de la diputada de Junts Ariadna Urroz, presentada al día siguiente del crimen, que preguntaba expresamente si los protocolos habían funcionado correctamente, si se habían adoptado todas las medidas de protección, si se abriría una investigación interna y qué actuaciones se impulsarían para evitar situaciones similares.

Un gabinete de crisis revisó el caso

El Govern explica que dos días después del asesinato, el 21 de mayo, se reunió el Gabinete de Crisi municipal y comarcal. Al día siguiente emitió un informe en el que se recogen los servicios que habían intervenido y las actuaciones efectuadas antes y después del feminicidio.

La consellera recuerda que el Govern dispone también del Grup d'anàlisi dels feminicidis, liderado por el Departamento d'Igualtat i Feminisme y con representantes también de Justícia, Interior, Salut, Educació y Drets Socials. Su finalidad es reconstruir las circunstancias de los asesinatos y analizar «qué situaciones se podrían haber detectado antes» para obtener información que pueda ser útil para prevenir nuevos casos.

La respuesta remarca, en este sentido, que «los feminicidios constituyen la forma más extrema de la violencia machista» y que exigen una respuesta institucional «ágil, integral y coordinada».

Los Mossos también revisan la herramienta para valorar el riesgo

La respuesta parlamentaria detalla igualmente que los Mossos d'Esquadra están renovando el cuestionario policial de valoración del riesgo (QPVR), la herramienta que permite evaluar el riesgo de que una víctima de violencia de género sufra un episodio de violencia física extrema o grave.

Esta revisión, sin embargo, no nace a raíz del crimen de Figueres, sino que se inició en 2025. La valoración tiene en cuenta tanto la vulnerabilidad de la víctima como la agresividad o peligrosidad del presunto agresor e incorpora, entre otros elementos, la percepción de riesgo de la mujer, el tipo y la duración de las violencias sufridas y el apoyo familiar y comunitario.

La Fiscalía ya había revisado su actuación

Los interrogantes sobre el funcionamiento del sistema ya habían provocado movimientos antes de esta respuesta del Govern. En julio, la Fiscalía admitió a 3Cat que era cuestionable que no se hubieran solicitado medidas cautelares contra el hombre antes del crimen, aunque no lo calificó formalmente de error.

El atestado policial recogía que el hombre había sido detenido dos veces en dos días, había incumplido una orden de alejamiento y acumulaba numerosos antecedentes. Además, según la investigación, mientras estaba detenido habría manifestado a un agente que mataría a la víctima cuando quedara en libertad.

Pese a estos elementos, la Fiscalía no solicitó la prisión provisional. El ministerio público también puso el foco en el juez de guardia porque no convocó una comparecencia para debatir posibles medidas cautelares. La Junta de Fiscales de Girona abordó posteriormente el caso e instó a los fiscales a extremar la atención en episodios similares.

Kimberli Duran fue asesinada a puñaladas el 19 de mayo en la plaza Josep Tarradellas de Figueres, pocas horas después de que el hombre investigado quedara en libertad. Desde el primer momento, su familia ha reclamado reconstruir con detalle todo lo que ocurrió durante los tres días previos para aclarar si se utilizaron todos los mecanismos de protección disponibles.

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