Canarias se adelantó hace siete años en la compra de viviendas para evitar desahucios frente a los fondos buitres

Canarias se adelantó hace siete años al debate que vuelve ahora al primer plano nacional con el caso de Mari Carmen. En febrero de 2019, el Gobierno de Canarias, entonces presidido por Fernando Clavijo, formalizó la compra, por 24,89 millones de euros, de 358 viviendas de protección oficial en Añaza que estaban amenazadas por procedimientos de desahucio y cuya venta a un fondo de inversión estaba sobre la mesa.

La operación, realizada a través de la empresa pública Visocan y coordinada con el Ayuntamiento de Santa Cruz, dirigido por José Manuel Bermúdez, y el Cabildo de Tenerife, con Carlos Alonso al frente, permitió incorporar los inmuebles al parque público y evitar que las familias perdieran sus viviendas. Bermúdez presentó entonces la actuación como un “ejemplo a nivel nacional” y la calificó de "pionera”.

Caso Mari Carmen

La fórmula adquiere ahora totalmente actualidad con el caso de Mari Carmen Abascal, la mujer de 87 años desahuciada el pasado 23 de septiembre de la vivienda en la que había vivido durante más de siete décadas, en el distrito madrileño del Retiro. Su caso ha reabierto el debate sobre la protección de los inquilinos vulnerables y ha provocado movilizaciones y acampadas para presionar al Gobierno.

El Gobierno de Pedro Sánchez trabaja a “contrarreloj” para llevar este martes 29 de septiembre al Consejo de Ministros el real decreto-ley de vivienda y ha pedido a los grupos parlamentarios un último esfuerzo para poder convalidarlo después en el Congreso.

El texto que prepara el Gobierno contempla, por ahora, medidas como la prórroga de determinados contratos de alquiler hasta 2028, la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones y medidas para aumentar la oferta de vivienda asequible. También se ha planteado reforzar la protección de las familias vulnerables frente a los desahucios

El primer alcalde en encarar a los bancos

Catorce años antes, en 2012, el entonces alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ya había protagonizado una actuación de presión contra una entidad bancaria por el caso de una vecina. Carmen Omaña había sido desalojada de su vivienda y, tras no encontrar una solución con Bankia, inició una huelga de hambre ante una oficina de la entidad.

El Ayuntamiento había intentado previamente mediar con el banco. Ante la falta de respuesta, Bermúdez ordenó retirar 1,5 millones de euros que el Consistorio tenía depositados en Bankia. La actuación tuvo una amplia repercusión nacional y terminó con un acuerdo para que Omaña pudiera acceder a un alquiler social, con una ayuda municipal y una aportación de la propia inquilina.

El caso propició el protocolo antidesahucios, aprobado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en 2012, que contempla la mediación municipal con las entidades financieras para buscar moratorias, alquileres sociales y otras soluciones para las personas en situación de vulnerabilidad. Bermúdez lo calificó entonces como un protocolo “pionero en España”.

El Ayuntamiento de Madrid

José Manuel Bermúdez expone en la actualidad que aquel precedente hubiera servido para evitar el caso de Mari Carmen. A su juicio, el Ayuntamiento de Madrid debería "haber intervenido antes del lanzamiento", mediante la mediación con la propiedad una vez acreditada la situación de vulnerabilidad.

La operación de Añaza

El caso canario de Añaza comenzó a finales de 2018. Los vecinos de dos promociones alertaron de dificultades para renovar sus contratos y de la existencia de procedimientos de desahucio. Al mismo tiempo, los residentes advirtieron de la posibilidad de que los edificios fueran vendidos a un fondo de inversión. La situación llevó al Gobierno de Canarias, al Cabildo de Tenerife y al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a trabajar conjuntamente con los afectados para buscar una solución.

La salida fue una compra directa de las dos promociones completas. El Gobierno de Canarias, a través de Visocan, adquirió a Luri 6, SAU, una entidad vinculada al grupo Santander, los dos edificios, con 179 viviendas cada uno, por 24.890.000 euros. En total, 358 viviendas de protección oficial pasaron a titularidad pública.

El precio acordado quedó por debajo de la valoración de los inmuebles. Clavijo explicó entonces que la tasación era de 28,5 millones de euros, mientras que el precio máximo permitido para la adquisición de vivienda pública en ese caso se situaba en torno a los 36 millones. Finalmente, la operación se cerró por 24,89 millones.

Fondos de inversión

La compra tenía un objetivo inmediato, como evitar que las viviendas fueran vendidas a un fondo de inversión y que las familias quedaran expuestas a los procesos de desalojo. Las dos promociones eran VPO de promoción privada en régimen de alquiler a diez años y algunos residentes ya habían recibido comunicaciones de no renovación de sus contratos, procedimientos de desahucio o señalamientos de lanzamiento.

El acuerdo estuvo precedido por la presión de las administraciones sobre el Banco Santander. En octubre de 2018, el entonces presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, anunció que la institución retiraría 27 millones de euros que tenía depositados en Santander, mientras que el Ayuntamiento de Santa Cruz planteó retirar otros dos millones. La medida se produjo en plena negociación sobre el futuro de las 358 viviendas y ante la preocupación por la situación de las familias.

La vía que mantiene Canarias

Desde el Gobierno de Canarias defienden que la operación de Añaza permitió proteger a 358 familias y ampliar el parque público de vivienda. La Consejería de Vivienda, que dirige ahora Pablo Rodrígiez, señala que, si en el futuro se vuelve a dar una situación similar y existen condiciones adecuadas, así como seguridad jurídica y económica, la Administración volvería a recurrir a una operación de estas características.

Desde su área se están desarrollando nuevas iniciativas para ampliar el parque público, entre ellas la adquisición de vivienda protegida destinada al alquiler y el programa Rehabita Canarias, dirigido a reactivar promociones inacabadas. En la última licitación, el Ejecutivo destinó 33,7 millones de euros para financiar la adquisición de 254 viviendas de protección oficial en régimen general destinadas al alquiler, y está prevista una nueva convocatoria este año.

Otras comunidades

Cataluña, País Vasco, Navarra y la Comunidad Valenciana han utilizado en los últimos años la compra de vivienda privada o el tanteo y retracto para ampliar sus parques públicos, especialmente sobre pisos de bancos, fondos y grandes tenedores. Sin embargo, el caso de Añaza presenta una particularidad: no fue una adquisición aislada de viviendas, sino la compra completa de una promoción de 358 VPO en alquiler para garantizar la continuidad residencial de todas las familias que vivían en ella.

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