Un error judicial deja a un paso de la calle a 12 miembros encarcelados de los Casuals

Se desinfla la macrocausa por presunta organización criminal, extorsión, secuestro y tráfico de drogas contra los Casuals, grupo de seguidores radicales del FC Barcelona nacido de los Boixos Nous. El juez que tramita este proceso judicial ha acordado este jueves la libertad bajo fianza de 12.000 euros para 12 miembros de este grupúsculo, entre ellos a sus supuestos cabecillas, Ricardo Mateo López y Francisco Pérez García, alias 'Paco el Gordo', según el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. El motivo principal esgrimido por el magistrado es la resolución dictada la semana pasada por Sección Novena de la Audiencia de Barcelona que constataba un error del juzgado de Cornellà que inició la investigación y que no limitó en el tiempo la copia de la información registrada en los teléfonos confiscados a tres sospechosos, como es preceptivo legalmente.

El recurso presentado por el abogado defensor, Albert Carles, y aceptado por la Audiencia de Barcelona ha hecho tambalear las pesquisas hasta tal punto que el titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Barcelona, Sergio Escalona Lebiere, se ha visto obligado a dejar en libertad bajo fianza a todos los miembros de los Casuals que permanecían encarcelados por este asunto.

Si depositan los 12.000 euros que se les requiere, los 12 acusados abandonaran la cárcel, aunque deberán presentarse cada 15 días en el juzgado, tienen prohibido abandonar España y se les retendrá los pasaportes. El único que todavía no saldrá por ahora en libertad es Paco el Gordo, que está siendo investigado por otro juzgado por un presunto homicidio, según las fuentes consultadas por este diario.

Macrodispositivo

El 9 de junio de 2023, los Mossos dEsquadra desplegaron un macrodispositivo (operación bautizada como Hydra) para detener a 25 personas, entre los que figuraban los principales miembros de los Casuals. Las pesquisas contra esta organización se iniciaron a raíz del ataque, el 28 de noviembre de 2021, contra el bar Los Cazadores, de Cornellà de Llobregat, donde se encontraban un grupo de aficionados del Espanyol.

Un juzgado de Cornellà que investiga este asalto y otro posterior confiscó cinco teléfonos móviles de tres investigados. De la información sustraída de estos dispositivos, los Mossos tiraron del hilo, lo que provocó la macrorredada y la apertura de otros proceso en el Juzgado de Instrucción número 12 de Barcelona que, en su día, acordó la prisión para miembros del grupo ultra.

El juez reconoce que es "especialmente relevante" para la valoración de los indicios que "han permitido afirmar la existencia de parte de los delitos imputados" –y en concreto la dirección y pertenencia a organización criminal– la resolución de la Audiencia de Barcelona que acota la extracción de datos de los teléfonos intervenidos entre el 23 de noviembre de 2021 (días antes del asalto al bar de Cornellà) y el 15 de enero de 2022 (después de una segunda acción en el mismo local).

En este sentido y en base a esta decisión de la Audiencia, el juez de Cornellà que investiga los ataques está pendiente de resolver si anula o no la instalación de micrófonos en vehículos de algunos de los sospechosos y la grabación de conversaciones.

Pendiente de informes

El magistrado sostiene que la investigación de la macrocausa está muy avanzada. De hecho, ya se ha tomado declaración judicial a todos los investigados y a la víctima del presunto secuestro, y solo queda pendiente, básicamente, la recepción de los análisis de sustancias estupefacientes, el informe del equipo de la policía científica del volcado y el análisis de la información obtenida de los depósitos electrónicos intervenidos, así como el "eventual" cotejo de las transcripciones con las grabaciones incluidas en la causa.

El juez argumenta que, además, se debe tener en cuenta el tiempo que los investigados llevan en prisión y su arraigo en España, "con la familia en nuestro país", unas circunstancias que han sido "reiteradamente" esgrimidas con anterioridad por la Audiencia de Barcelona para dejar en libertad a algunos de los que en su día fueron detenidos en la macrorredada. El togado recalca que, a falta de la recepción de determinados informes, la instrucción "prácticamente" ha finalizado, por lo que "en modo alguno la libertad de los investigados puede dificultar y obstruir la misma".

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