Rosa Peral asegura que cambió de nombre su vivienda al no poder pagar la hipoteca

El Juzgado de Instrucción número 5 de Tarragona investiga a la principal condenada por el llamado 'crimen de la Guardia Urbana', Rosa Peral, y a su padre, Francisco Peral, por un delito de alzamiento de bienes. Los denunciaron la familia de la víctima del crimen de la Guardia Urbana, Pedro R., al considerar que antes de que la sentencia por este asesinato fuese firme, Peral traspasó a nombre de su padre la mitad de su vivienda en Vilanova i la Geltrú para no tener que hacer frente a las indemnizaciones impuestas en la condena.

En su declaración, Peral ha asegurado que como no podía hacer frente a los pagos de la hipoteca de su vivienda se la cedió a su padre y ha negado que hiciera esta transacción sirviera para no pagar el dinero de la indemnización a la familia de la víctima. En esta vivienda se cometió el crimen la noche del 1 de mayo de 2017, aunque el cuerpo de Pedro R. se encontró en un coche calcinado en el pantano de Foix.

Además de la pena de prisión la Audiencia de Barcelona condenó a Peral, y también a su amante Albert López, a indemnizar con 885.000 euros de forma conjunta a la familia de la víctima. La sentencia establecía que, en caso de no tener el dinero, les embargarían sus propiedades. La acusación cree que, presuntamente, Peral transfirió parte de su patrimonio a su progenitor días antes de su condena firme por asesinato para evitar así indemnizar a la familia de Pedro R..

Antes de que el Supremo confirmara esta resolución, por la que mantenía los 25 años de cárcel para Peral y 20 para López, por un delito de asesinato, la condenada cedió a su padre la mitad de su vivienda en Vilanova i la Geltrú. La otra mitad correspondía al exmarido de Peral. La familia de la víctima pretende conseguir unos 50.000 euros en esta reclamación judicial, la mitad del inmueble a nombre de la exagente de la Guardia Urbana, ya que el resto está embargado. 

Peral y su padre únicamente respondieron a preguntas de su abogada, Núria González, y remarcaron que la cesión del inmueble fue para evitar el embargo, porque se seguía pagando la hipoteca. Los dos han coincidido en los pasillos del edificio judicial y declaración apenas duró unos 30 minutos cada uno. El juzgado ha instado a las partes a no hacer declaraciones para evitar filtraciones. Ahora, debe decidir qué trámites reclama para seguir con la investigación.