Abren expediente de sanción a una empresa de seguridad por no pagar a los vigilantes de un edificio municipal

Los vigilantes del centro de innovación urbana que tiene el Ayuntamiento de Barcelona en la antigua fábrica de Ca l'Alier, en el barrio de Poble Nou, están en pie de guerra. A principios de año el organismo que gestiona este centro, la fundación BIT Habitat, ajudicó a la empresa Enerpro la seguridad del edificio aunque poco después esa sociedad renunció alegando que no podía ejecutar el servicio ya que la entrada en vigor del nuevo convenio colectivo de sector de vigilancia incrementaba "considerablemente los salarios" de los trabajadores.

Por eso, se adjudicó la seguridad de Ca l'Alier a la empresa INV Vigilancia y se suborgaron a esta sociedad los cinco vigilantes que ofrecen su servicio. Meses más tarde, la empresa cambió de nombre al ser adquirida por Norvik Security Services, tras la entrada de un fondo de inversión que aportó 10 millones de euros, pero los guardas conservan "el mismo uniforme de INC", según explica a este diario Juan Antonio Hernández uno de los trabajadores que también es delegado de Acción Social del Sindicat de Treballadores de Seguretat de Catalunya (STS-C).

"La empresa licitadora incumple sistemáticamente sus obligaciones con los trabajadores no abonando las nóminas en tiempo y forma suponiendo esto una precarización laboral y un imcumplicmento reiterado de los pliegos de condiciones" de la fundación adjudicataria, remarca Hernández quien, junto con otra empleada, ha llevado sus quejas tanto a la Inspección de Trabajo como al Juzgado de lo Social número 18 de Barcelona.

Juicio el año próximo

En este sentido, el juzgado admitió a trámite la demanda y fijó acto de conciliación al que no acudieron los representantes de la sociedad no comparecieron, según el sindicato, que también afea la "pasividad" del comité de empresa. Por eso, el juicio está fechado para el 24 de octubre del año próximo. Los trabajadores señalan que llevan dos meses sin cobrar y por eso han realizado varias acciones de protesta frente a Ca l'Alier y preparan otra para el 15 de diciembre, cuando hay un evento sobre la Agenda 2030.

También la Inspección de Trabajo ha levantado varias actas de infracción contra las empresas de seguridad por el impago de los salarios a los trabajadores cuando correspondía ya que lo consideran una falta grave. Además, señalan que incurrieron en otra infracción al no acudir a la citación de la Inspección ni aportar documentación requerida, según la documentación a la que tuvo acceso este medio.

BIT Habitat paga

Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona y la Fundación BIT Habitat informaron que están "al corriente del conflicto laboral existente en la empresa que presta los servicios de seguridad en el equipamiento de Ca l'Alier" y que el Consistorio, "como no puede ser de otra forma, cumple las obligaciones contractuales con la empresa y ha abonado todos los pagos que le corresponde".

"El objetivo y voluntad municipal es garantizar el servicio de seguridad del equipamiento y también el mantenimiento de las condiciones laborales y salariales del personal contratado por la empresa. Por este motivo, se ha pedido a la empresa toda la información relativa a la gestión del servicio para evaluar y tomar las medidas necesarias a nuestro alcance para garantizarlo", remarcan.

Aviso a la administración

Los trabajadores demandantes también han pedido ayuda al Síndic de Greuges de Barcelona ante los meses que llevan sin cobrar. STS-C señala la "responsabilidad" del Ayuntamiento de Barcelona al adjudicar un contrato a "una empresa con poca nula solvencia económica con deudas con la Agencia Tributaria" y recuerdan que en marzo pasado fue adquirida por un fondo de inversión. Por eso instaron a la gestora del edificio Ca l'Alier a "la rescisión del contrato contra la empresa Norvik Security Services con carácter urgente" ya que acumula actas de sanción por parte de la Inspección de Trabajo de forma "reiterada" según el sindicato.

En este sentido, reclaman al Consistorio que "no sea participe de la vulneración de los derechos laborales de los trabajadores, presente o de futuras contrataciones públicas sin las debidas comisiones técnicas de supervisión de los contratos" de la administración. El sindicato recuerda que el 70% de los contratos de seguridad en Catalunya corresponden a la administración pública y que la misma empresa demandada ha tenido otras adjudicaciones de organismos públicos, como la Generalitat o la Diputación de Barcelona.

"Los impagos afectan a todos los trabajadores" señalan desde el sindicato y cuantifican en unos 80 los afectados entre todas las contratas. "Hay familias afectadas y compañeros que pagan por ir al trabajo ya que la ley te obliga", explica Antonio Maraña, secretario general de STS-C. Además, denuncian "el silencio de las administraciones ante la precarización del sector de la seguridad privada, por una mala praxis en la contratación del sector público con poca transparencia y llena de opacidades que comienzan ya en la configuración de los pliegos y el control de la ejecución del contrato".

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