La fiscalía abre diligencias para asegurar la protección de Doñana

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias preprocesales sobre responsabilidad medioambiental para garantizar la adopción de las medidas necesarias para el cumplimiento efectivo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado mes de junio que declaró el incumplimiento por parte del Reino de España de sus obligaciones a la hora de proteger el parque de Doñana, justo en un momento en el que la Junta de Andalucía prepara una ley para regularizar 750 hectáreas de regadío ilegal en su entorno.

El ministerio público explica en el decreto de apertura de diligencias que la resolución de la justicia europea consideraba que una de las causas significativas del deterioro medioambiental del espacio natural protegido "se encuentra en la existencia de extracciones abusivas e ilegales de agua subterránea" desde 2006 y que esas prácticas afectan a los tipos de hábitats protegidos situados en las zonas protegidas "Doñana" y"Doñana Norte y Oeste", ambas de especial protección para las aves, y "Dehesa del Estero y Montes de Moguer", de especial conservación.

Contra quien extraiga

Las diligencias abiertas por el ministerio público "tienen como finalidad poder exigir responsabilidad medioambiental a las empresas y profesionales, públicas o privadas, que estén procediendo a la captación de aguas subterráneas afectantes al espacio protegido de Doñana, sin concesión administrativa o en caudales superiores a los permitidos".

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Para garantizar la protección del parque conforme lo fijado por la justicia europea, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha acordado la práctica de diligencias, en coordinación con la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente, consistentes en remitir oficios al Seprona de la Guardia Civil y reclamar a diferentes organismos informes periciales sobre los efectos adversos significativos que dichas extracciones ilegales puedan tener en el estado ecológico, químico y cuantitativo de las masas de aguas superficiales o subterráneas concernidas.

El ministerio público, quie también se interesa por la posibilidad de alcanzar o de mantener el estado favorable de conservación de los hábitats y de las especies silvestres afectados, recuerda en el decreto de apertura de diligencias, que tiene fecha del pasado 8 de mayo, que la Comisión Europea también advirtió del riesgo que para el parque puede tener el plan que prepara la Junta.