La ley contra el proxenetismo avanza y coloca al PSOE ante un dilema

La ley contra el proxenetismo avanza en el Congreso, aunque las posturas de los partidos permanecen inamovibles. Las cartas están bocarriba: todos han presentado sus enmiendas al texto con el que el PSOE quiere castigar a todo aquel que se lucre de la prostitución de otra persona y multar a los puteros. Pocas sorpresas, pues los socios de los socialistas rechazan un planteamiento que consideran excesivamente punitivo, mientras que el PP lo ve con buenos ojos.

Los populares dejan entrever con sus enmiendas que comparten los términos de la proposición de reforma del Código Penal para castigar el proxenetismo. Ni Unidas Podemos, ni ERC, ni Bildu ni el PNV están ahí; tampoco Cs. Se repiten, por tanto, los patrones que ya se dieron en el debate de la ley del sólo sí es sí. Entonces, el PSOE cedió para salvar la norma contra las violencias sexuales, pero en esta ocasión tiene poco que perder.

Así, el dilema toma cuerpo: ¿primará el principal partido del Gobierno que su ley contra el proxenetismo prospere si eso implica aliarse con el PP, en lugar de con sus socios?

El PSOE ha fijado la defensa de la abolición de la prostitución como uno de los pilares de su lucha por la igualdad, y por una vía -la reforma del Código Penal y el castigo a los puteros- que se desmarca del camino planteado por Unidas Podemos y el Ministerio de Igualdad.

Los populares ya habían avanzado en debates previos que se sentían cómodos con ese enfoque, pero las enmiendas presentadas al texto no hacen sino reforzar su disposición para sacarlo adelante.

El PP coinciden en querer penar a toda persona que se lucre de la prostitución de otra, aun con su consentimiento, y también a quien saque beneficio de destinar un espacio a la prostitución de otra persona (tercería locativa).

Las modificaciones legales que plantea el partido de Alberto Núñez Feijóo a la proposición socialista tienen que ver con la exigencia al Gobierno de presentar una ley integral contra la trata con fines de explotación sexual en el plazo de seis meses, la puesta en marcha de campañas para desincentivar la demanda de prostitución (especialmente dirigidas a jóvenes), la elaboración de un diagnóstico de la situación de la prostitución y la explotación sexual en España y el diseño de un plan para que las mujeres prostituidas puedan encontrar alternativas vitales y recibir la atención y reparación que necesiten.

Unidas Podemos se opone a multar a los puteros

El socio de Gobierno del PSOE, Unidas Podemos, defiende una propuesta bien diferente. Para empezar, quiere limitar el castigo penal a la situación de explotación de la prostitución ajena, esto es, cuando exista una relación de dependencia o subordinación en la que quien se lucha impone las circunstancias de toda índole que condicionan la libertad sexual de la víctima.

En UP son partidarios de tipificar la tercería locativa, pero sólo cuando concurra explotación, y dejan claro que en ningún caso esto afectará a las personas que ejerzan la prostitución.

De eliminar el término explotación del Código Penal, argumentan, se abrirían "márgenes de criminalización contrarios a las leyes penales" y se pondría en riesgo a las mujeres en contextos de prostitución.

Se muestran contrarios a multar a los puteros, pues consideran que el modelo sancionador al 'cliente' tendrá consecuencias negativas para las mujeres. A su juicio, hará que los cuerpos policiales intensifiquen su control y persecución en los lugares en los que se encuentran las mujeres y sobre ellas, pues tendrán que verificar y probar que ha habido pago o retribución.

Prefieren medidas educativas y de concienciación para desincentivar la demanda, no multas.

Más allá de Unidas Podemos, los socios de la investidura rechazan la proposición socialista en fondo y forma.

Bildu ha declinado presentar enmienda alguna al texto legal como forma de manifestar que están "en contra de la propuesta", mientras que el PNV se ha limitado a registrar enmiendas de supresión de la reforma del Código Penal." Cualquier reforma del Código Penal requiere de debate previo y del mayor consenso posible, algo que en esta proposición de reforma no se ha dado. Consideramos que el objetivo pretendido no se consigue solamente con cambios en el Código Penal y, antes de legislar, hay que debatir", exponen desde el grupo nacionalista vasco.

Recuerda el PNV en su argumentación que ha solicitado la creación de una subcomisión para estudiar la situación de la prostitución en España como paso previo imprescindible antes de realizar cualquier reforma.

"El Estado de Derecho tiene que superar la histórica aversión a una regulación legal de la prostitución libre", apostilla, por su parte, Cs, que sólo concibe castigar a quien inste a otra persona a ejercer la prostitución y para ello utilice la violencia o la intimidación o le imponga condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas. El partido de Inés Arrimadas exige al Gobierno una ley contra la trata en un plazo de cuatro meses y rechaza multar a los puteros.

Tampoco quiere sancionar al demandante de prostitución ERC, que sí plantea un reproche penal para quien haga que otra persona tenga que prostituirse en contra de su voluntad, también en el caso de la tercería locativa si no media la voluntad de la persona implicada. El grupo independentista propone crear un Fondo de Abandono de la Prostitución y quiere que se concrete en la ley que "la persona que ejerza la prostitución o que preste un servicio sexual a cambio de una retribución en cualquiera de sus formas no podrá ser castigada ni sancionada penal ni administrativamente por tal conducta".