Gobierno y autonomías chocan sobre el nuevo modelo de residencias

Algunas comunidades consideran que Belarra no pone suficiente dinero encima de la mesa y, ante la falta de acuerdo, se ha aplazado la votación sobre el acuerdo de acreditación

El Gobierno y las Comunidades Autónomas han acordado posponer la votación en torno nuevo modelo de residencias. Este miércoles se ha reunido el Consejo Territorial de Servicios Sociales pero en la reunión no se ha llegado a votar formalmente la última propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, ya que algunas autonomías han mostrado su oposición a un pacto que apuesta por centros residenciales más pequeños, más parecidos a hogares y con más personal.

Las comunidades están mayoritariamente de acuerdo con la filosofía del nuevo modelo, pero algunas consideran que el Gobierno no pone suficiente dinero encima de la mesa mientras otras piden más tiempo para estudiar la propuesta y llegar a un consenso. Entre los presidentes autonómicos más combativos se sitúa el castellano manchego, Emiliano García-Page, quien considera que es "bueno" pensar en la evolución de los servicios públicos pero hay que hacerlo con financiación, es decir, "predicando y dando trigo", porque lo demás es "humo y el cuento de la lechera".

A su vez la consejera andaluza de Políticas Sociales, Rocío Ruiz, ha manifestado que la propuesta gubernamental "no tiene seguridad jurídica, ni memoria técnica y económica, es una carta a los Reyes Magos".

El Gobierno lleva buscando un acuerdo con las comunidades, en el que han participado expertos, la patronal y los sindicatos, desde hace meses dado que la pandemia ha puesto de manifiesto los déficits de los geriátricos y otros centros residenciales. El sector y las familias llevan años pidiendo más personal y medios, pero sus demandas no han sido escuchadas hasta que el virus ha puesto el problema en la agenda de las administraciones.

En este contexto, el Gobierno quiere poner fin a las macro residencias y que se creen ambientes lo más parecidos a un "hogar". Para ello, la última propuesta de Derechos Sociales fija que los centros de las zonas rurales no superen las 75 plazas y las 120 en las ciudades. Además, la vida en las residencias debería organizarse en pequeñas unidades de convivencia formadas por un máximo de 15 personas, donde haya una sala de estar, un comedor y una cocina.

Más personal

Además, el Ejecutivo prevé que el 65% de las habitaciones sean de uso individual en las plazas públicas de nueva construcción y que todas las habitaciones tengan acceso a baño adaptado. Por otro lado, uno de los puntos fuertes y más discutidos del nuevo modelo es la mejora de las ratios de personal, respecto a las establecidas en 2008. Así, para la atención directa de primer nivel, el Ejecutivo quiere pasar de 0,28 trabajadores por residente a 0,43 en los geriátricos y de 0,44 a 0,50 en las residencias de personas con discapacidad en 2029.

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Fuentes de Derechos Sociales han señalado tras la reunión siguen "confiando en tener un acuerdo a lo largo del próximo mes en el que la ratio en los centros residenciales disminuya hasta un trabajador por cada 2 residentes, se amplíe el número de habitaciones individuales y se establezcan núcleos de convivencia de 15 personas como máximo".

Sin embargo, también la patronal ha rechazado una propuesta que tacha de "inviable sin que se realice primero una restructuración de la financiación". El nuevo modelo, señala, supondría una merma significativa de la oferta de plazas "que ya está en un punto crítico sin poder atender a la lista de espera".