El TSJC archiva la querella contra la 'exconsellera' Vergés por el retraso en la vacunación de los policías
El alto tribunal remite el caso a los juzgados ordinarios para que decidan si investigan a otros denunciados
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha archivado este jueves la querella presentada contra la 'exconsellera' de Salud Alba Vergès, de ERC, por el retraso en la vacunación de los guardias civiles y los policías nacionales en Catalunya. Esta decisión ha sido tomada por el alto tribunal en contra del criterio de la fiscalía, que defendía que se investigara a la exalto cargo de la Generalitat por una supuesta "diferencia de trato" que, a su entender, podría ser "injustificada y discriminatoria".
La querella fue presentada por por la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UOGC) contra Vergès y el exdirector del Servei Català de la Salut Adrià Comella por el retraso en la vacunación de policías y guardias civiles respecto a los Mossos d'Esquadra. Ahora, el TSJC ha acordado no admitirla respecto a la 'exconsellera', pero, a la vez, ha remitido a los juzgados de instrucción la que corresponde al exdirector de Salut, que no tiene la condición de aforado. Por lo tanto, deberá ser un juzgado ordinario el que decida si tira o no adelante esta iniciativa.
En su resolución, el TSJC subraya que la "prevalente posición" de Alba Vergés en la "estructura jerárquica" del Departamento de Salut, ni "la objetiva constatación de la infracción de un deber legal", puede ser suficiente para "precipitar" la incoación de un proceso penal contra ella. Recalca, además, que "no se encuentra descrita ninguna acción u omisión que le sea directamente imputable a ella en el proceso de vacunación" de los policías nacionales y guardias civiles. Sin embargo, añade, esto no puede considerarse un obstáculo para instar "una exhaustiva investigación" en los juzgados de instrucción para esclarecer "de quién partió la decisión de dejar de vacunar ―o de hacerlo más lentamente― a los integrantes" de la Policía Nacional y la Guardia Civil, mientras se estaba "vacunando normalmente" a lo Mossos y a las policías locales de Catalunya. También deberá determinarse si estas omisiones fueron fruto de una conducta intencionada o negligente, insiste el auto.
Más implicados
La fiscalía consideró en su informe remitido al TSJC que las responsabilidades penales por esos hechos podrían extenderse a otros exresponsables del Departament de Salut, entre ellos el actual 'conseller' de Salut, Josep Maria Argimon, que era el responsable entonces de la vacunación en Catalunya. La querella acusa a Vergès y Comella de los delitos de prevaricación, contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos fundamentales y libertades públicas y contra las garantías constitucionales.
Fue un tribunal contencioso-administrativo del TSJC el que, en abril de 2020, ordenó a la Conselleria de Salut vacunar a todo el colectivo de guardias civiles y policías nacionales destinados a Catalunya, después de que asociaciones y sindicatos policiales denunciaran retrasos en su proceso de inmunización respecto al de los Mossos d'Esquadra. A su entender, la Administración autonómica "no dispuso de la misma voluntad y empeño en la protección sanitaria de los cuerpos nacionales respecto a los internos” e incurrió en “inactividad respecto de su obligación de asistencia sanitaria a los Cuerpos de la Guardia Civil y Policía Nacional, en su labor de suministro de las vacunas frente al covid-19”, que “dio lugar a una diferencia de trato injustificada y discriminatoria”.
La decisión del TSJC de obligar a la Generalitat a acelerar la inmunización de los agentes de cuerpos del Estado suscitó las críticas del Govern y, concretamente, del propio Argimon, que advirtió de que la vacunación de esos policías retrasaría la del colectivo de personas de 70 años de edad.
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