Antifrau investiga un contrato del ICS para la compra de mascarillas

La Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) está investigando los contratos del Institut Català de la Salut (ICS) con la empresa Basic Devices en marzo del 2020 para la adquisición de mascarillas, vestimenta de protección, respiradores y otro material para luchar contra el coronavirus. Las pesquisas se basan en las sospechas de que la falta de información de esta operación de compra, la posible situación de prohibición de contratar con esta empresa por parte de la Administración, la inexistencia de la cobertura legal para abonar anticipadamente esta prestación y la "inadecuada" modificación de los acuerdos suscritos.

El 19 de marzo de 2020, el ICS contrató por el sistema de emergencia a la empresa Basic Devices para el aprovisionamiento de material sanitario por un importe inicial de 60,5 millones de euros. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, la Conselleria d'Economía efectuó un abono anticipado a esta compañía por 35 millones de euros. Sin embargo, por la tarde, responsables de este departamento acudieron a los Mossos para denunciar una presunta tentativa de estafa, aunque, tres días después, pretendieron desistir de ella porque, según alegaron a la policía, la contratista había aportado documentación "suficiente". Fueron las entidades financieras implicadas en la transferencia de fondos quien dieron la alerta, pues Basic Devices nunca había manejado es cantidad de dinero.

El pedido inicial lo conformaban dos millones de mascarillas quirúrgicas, otros dos millones de tapabocas FFP2, dos millones de de trajes de protección (es la partida más importante: 48,4 millones de euros), 50 respiradores pediátricos y de adultos y 50 equipos de ventilación mecánica no invasiva (VMNI).

Modificación de contrato

Esta actitud levantó sospechas, pero el lio burocrático continuó. Así, el 5 de mayo del 2020, el ICS modificó y desistió parcialmente de el contrato de emergencia a Basic Davices, ya que las necesidades que debían inicialmente cubrirse se habían revisado después. Esta variación del contrato originó que el importe fuera rebajado a 35 millones de euros (la cantidad dada como anticipo) y se redujo el pedido de material sanitario, que fue entregado. La empresa se presentó como un posible importados de productos chinos.

El pasado 9 de febrero, como consecuencia del examen del contrato, el director de la OAC, Miguel Ángel Gimeno, remitió escritos a la Conselleria d'Economia y a la directora gerente del ICS para que en un plazo de 30 días informaran sobre las medidas adoptadas en relación a las irregularidades detectadas. Este martes, todavía se estaba a la espera de recibir la respuesta.

Sin referencia, ni trabajadores

Antifrau ha descubierto que no consta en el Registro Público de Contratos de la Generalitat ninguna adjudicación a la empresa Basic antes del contrato ahora investigado y, por lo tano, "no había referencias previas objetivas" de esta empresa. En la documentación del expediente tampoco figura ni el origen de los contratos preliminares de los representantes de la compañía, ni el contenido ni el alcance de los temas tratados, ni las garantías "básicas" de la efectividad del aprovisionamiento del material.

En el momento de la contratación, según la OAC, esta empresa no se encontraba inscrita como tal en el sistema de la Seguridad Social. De confirmarse este hecho, en el momento de recibir el encargo, Basic Devices, con sede en Vilafranca del Penedés, estaba en situación de prohibición de contratar. Antifrau considera, por tanto, que nos encontraríamos ante un contrato "nulo". La firma no disponía trabajadores a su cargo, subraya esta entidad. Los investigadores sostienen, además, que el abono de los 35 millones por anticipado "se realizó sin amparo legal" y que la fórmula para modificación del contrato es de "difícil encaje" en el marco de una contratación de emergencia.