Ley de protección animal

El Gobierno amplía a dos años de cárcel la pena por maltratar y matar a un animal

  • El Consejo de Ministros aprueba la ley de protección animal, que impone el sacrificio cero, impide la venta de mascotas en tiendas o los circos con animales salvajes

Luz verde a la nueva ley de protección animal. / VÍDEO: ATLAS

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Patricia Martín
Patricia Martín

Periodista

Especialista en sanidad, igualdad, violencia machista, infancia, consumo

Escribe desde Madrid

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El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes una modificación del Código Penal para ampliar las penas por maltrato animal. En concreto, se aumentará de 18 meses hasta dos años de prisión el maltrato que acabe con la muerte del animal y de tres meses a 18 meses de cárcel las agresiones que impliquen atención veterinaria. Con este cambio "empezamos a terminar con la inmunidad hacia el maltrato", ha destacado la ministra Ione Belarra tras la reunión ministerial.

La modificación penal llega acompañada de la aprobación del anteproyecto de ley de protección animal, que lleva paralizado desde que en octubre el Ministerio de Derechos Sociales difundió un borrador. La promulgación de una ley estatal es una asignatura pendiente desde hace décadas, por lo que las entidades protectoras y expertos en derechos de los animales aplauden la normativa aunque avisan de que es "insuficiente" puesto que se centra en las mascotas y los animales del entorno urbano.

La normativa tiene un triple objetivo: maltrato, sacrificio y abandono cero. No se podrá sacrificar animales de compañía salvo por motivos sanitarios y eutanásicos. Catalunya y Madrid ya tienen legislaciones que impiden la muerte premeditada de animales pero en otras autonomías se permite si las perreras u otros espacios se llenan y en otras circunstancias. Por ello, según las protectoras, España se sitúa entre los países con mayor maltrato y abandono animal. Se calcula que se abandonan unos 300.000 animales al año, más de 800 al día y muchos de ellos acaban siendo sacrificados.

La ley impide además prácticas que provoquen sufrimiento, como el uso de collares eléctricos o pinchos, la posibilidad de llevar a los perros atados a un vehículo o su uso en peleas.

Las tiendas de mascotas

Y, para luchar contra el abandono, obliga a que todos los animales de compañía estén identificados, vacunados y únicamente los puedan criar profesionales. Para ello, se prohíbe su comercialización y venta en las tiendas de mascotas, así como su exhibición y exposición al público con fines comerciales.

Y es que existen más de 13 millones de animales de compañía identificados. Pero se calcula que otros siete millones se encuentran fuera de control, al no estar registrados, una situación que el anteproyecto legal prevé revertir. No obstante, aún tiene que pasar por los órganos consultivos y las Cortes, por lo que, como muy pronto, no verá la luz hasta 2023.

Circos y zoos

Por otro lado, la normativa prohíbe los circos con animales salvajes y el propósito es que los zoos y delfinarios se conviertan en centros de recuperación de especies autóctonas. Quedan fuera de la ley las corridas de toros y los animales de producción o experimentación, que se rigen por normas específicas. 

En cuanto a las mascotas, se establece que sus propietarios no puedan dejarlas en terrazas, patios o sótanos, ni en vehículos cerrados, ni atados a las puertas de un establecimiento sin supervisión. El anteproyecto establece además que una mascota no podrá estar sola tres días consecutivos y, en el caso de los perros, el plazo no podrá ser superior a 24 horas. Además, acaba con el listado de perros peligrosos según la raza y serán incluidos en esta clasificación por criterios de sociabilidad, en los términos que se determinen reglamentariamente.

El maltrato

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Por último, la ley incorpora la violencia hacia los animales como agravante del maltrato, dado que se ha comprobado que muchos maltratadores usan a las mascotas para hacer daño a sus parejas o exparejas.

"En España hay tres grandes lacras, el maltrato, el abandono y el sacrificio y esta ley lucha contra ello", ha resumido la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.