Inquilinos bajo presión (V)

Amparo Pla: “El alquiler en España es opaco, atomizado y poco profesional”

Dirigió la extinta Sociedad Pública de Alquiler del Gobierno Zapatero; hoy defiende a inquilinos agobiados por las subidas

Amparo Pla , ex directora de la Sociedad Pública de Alquiler entre 2005 y 2012.

Amparo Pla , ex directora de la Sociedad Pública de Alquiler entre 2005 y 2012. / David Castro

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Juan José Fernández

 “Mientras no haya un gran parque de vivienda pública para alquiler, no para comprar, sino para alquilar, en España el precio seguirá siendo un problema”, concluye Amparo Pla Carretero, abogada especialista en deuda y ejecuciones hipotecarias y ex directora de la Sociedad Pública de Alquiler. Y tanto concluye como empieza así la conversación con este diario, porque considera que esa es la clave; y el problema, “la falta de voluntad política para abordarla”, dice.

Esta letrada de 60 años fue la directora general de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), el primer intento efectivo de un gobierno en España de incidir en el mercado del arrendamiento con un instrumento creado al efecto. Presidía el Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero, y durante la corta vida de aquella agencia estatal, siete años, se sucedieron en la cartera de vivienda las ministras María Antonia Trujillo, Carme Chacón y Beatriz Corredor, y el ministro José Blanco.

Amparo Pla , ex directora de la Sociedad Pública de Alquiler entre 2005 y 2012.

La vida breve de la Sociedad Pública de Alquiler empezó en 2005 y concluyó en 2012, al poco de formarse el primer gobierno de Mariano Rajoy. “En un Consejo de Administración de SEPES (Sociedad Estatal del Suelo), me informaron de que la SPA se liquidaba. Estábamos a punto de equilibrar cuentas con un convenio con entidades financieras, pero no nos dejaron continuar. Fue triste”, cuenta hoy Pla, atenta al debate político sobre la vivienda en España.

Un informe del Tribunal de Cuentas cifró en 2019 en 54,17 millones de euros el coste de la iniciativa. Es más del doble de los 20 millones con que fue constituida la Sociedad para tratar de mediar entre propietarios e inquilinos, dando seguros de cobro a los primeros y garantías de mantenimiento a los segundos bajo una intensa lluvia de críticas de la derecha.

“Queríamos conseguir un cambio de cultura en España, que la gente confiara en un alquiler profesional como en otros países europeos –explica Pla-. En este país, en los 80 se empieza a decir que alquilar es tirar el dinero. Fue entonces cuando se empezó a mercantilizar el derecho a la vivienda. Nosotros queríamos movilizar la vivienda vacía e incentivar la rebaja del precio”.

Sector opaco

Por la ventana de su casa, vecina del complejo Nuevos Ministerios de Madrid, pura zona tensionada, entra el ruido de las máquinas de una constructora. “El mercado del alquiler en España es opaco, atomizado y poco profesional”, sentencia. “La principal dificultad para hacer política con el alquiler –añade- es que no disponemos de estadísticas. La mayoría de los contratos son privados, reservados. No te puedes fiar de las estadísticas de Idealista o Fotocasa, por ejemplo, porque lo que publican en sus anuncios es lo que se pide de alquiler, no el acuerdo al que finalmente se llega”.

Habla en pleno escenario de reanimación del sector inmobiliario, ya más que evidente en la ciudad, una amiga del asesinado Francisco Tomás y Valiente, sobrina de los magistrados progresistas Adolfo y Antonio Carretero, que de adolescente veía en su casa tratar de la plataforma clandestina antifranquista Justicia Democrática.

Antes de dirigir el primer intento de penetración política en España en un mercado de rentistas, contratos privados y pleitos enconados, Amparo Pla había sido abogada aprendiza en colectivos pro derechos civiles de Estados Unidos y en despachos izquierdistas de Madrid. Después de su experiencia de gestora pública ha vuelto a la abogacía de inquilinos sin demasiados recursos.

El último caso que lleva, una vista prevista para el pasado 8 de octubre y aplazada de un vecino al que quieren subir el alquiler: 488 euros al mes paga ahora, con un sueldo de 1.200 euros reducido un 30 % por un erte interminable.

Y puede que le vengan muchos más casos: el 31 de octubre se acaban las moratorias antidesahucios impulsadas y prorrogadas por el Gobierno en la pandemia. Amparo Pla ironiza con la inminencia del final del plazo: “Es que los desahucios no han estado prohibidos estos meses, solo se daba algo más de tiempo, un mes, a personas en estado de vulnerabilidad, y para eso tenían que reunir requisitos a veces muy difíciles de juntar”.

Tirar el dinero

“En España, al no estar profesionalizado el alquiler, se ve como normal  arrendar viviendas que no están en perfectas condiciones –asegura la exdirectora de la SPA-. Si hubiera un parque público de vivienda para alquilar no habría estos precios, y no se consideraría que alquiler es tirar el dinero por la ventana”.

Por su experiencia duda de que el Ejecutivo consiga transformar por ley el mercado “sin cambiar el modelo productivo y financiero de este país”. Y sobre los límites a los precios opina: “Me da miedo topar el precio del alquiler, porque conozco la picaresca”.  

Ahora los embargos y desahucios en España “han entrado en un panorama de aceleración después de un escenario paralizado por el covid”, dice por lo que está viendo en los juzgados. Los afectados responden a un retrato robot: “Familias con padres de mediana edad, afectados por un ERTE o el paro, del sector servicios, con hijos menores ante un pleito que en el 99% de los casos es con un fondo, un banco o una socimi. Con un casero particular es más fácil hablar.”

De la velocidad que está adquiriendo el mercado de inmuebles para alquilar le da muestra otro de sus casos: lo empezó contra un fondo, y este vendió a otro, y … ya va por el quinto propietario sucesivo como contendiente.

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En España se demandan dos millones de viviendas de alquiler, según datos del III Congreso Nacional de Servicers Inmobiliarios, que se celebra la próxima semana. Y esa temperatura que percibe lleva a la letrada Pla a advertir: “Si en España no hay voluntad política a favor de la vivienda pública y el alquiler público, nos exponemos a otra burbuja inmobiliaria en cualquier momento.

Aún cuando se despide saca una nueva hebra de conversación sobre techos y rentas: “¿Sabes qué? En ciudades de Francia y Alemania, al propietario no se le permite subir el alquiler si no explica antes el porqué. Yo ahí lo dejo…”