Unidas Podemos presenta una ley de Salud Mental para ampliar la ratio de psicólogos y psiquiatras públicos

En España, por cada 100.000 habitantes, hay cerca de seis psicólogos y 11 psiquiatras en el Sistema Nacional de Salud, según datos de 2018. La media de la Unión Europea rondaba en aquel momento los 38 y 18 profesionales de cada especialidad, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud. Unidas Podemos ha presentado este lunes una proposición de ley general de Salud Mental con la que pretende elevar en España ambas cifras hasta los 18 especialistas y el número de enfermeros especializados en problemas de salud mental hasta los 23 por cada 100.000 ciudadanos.

La norma, anunciada por los morados y pendiente de que el ala socialista del Gobierno introduzca sus propuestas para ser registrada el próximo viernes, reconoce la "atención integral y universal" para la salud mental. Sin embargo, para que sea efectiva, resulta necesario ampliar las ratios de profesionales en la sanidad pública. Además, Unidas Podemos quiere que las comunidades pacten un tiempo máximo de acceso a estos servicios.

En el preámbulo de la ley se reconoce que, en comparación con los países de la Unión Europea, "España cuenta con un menor número de profesionales en los diversos ámbitos: psiquiatría, psicología, neuropsicología, enfermería de salud mental, trabajo social, educación social, terapia ocupacional e integración social". Concretamente, según los datos de Eurostat, en 2018 España no llegaba, en los centros sanitarios públicos, a 11 psiquiatras por cada 100.00 habitantes. La cifra de psicólogos, ofrecida en el mismo año por el Ministerio de Sanidad al Defensor del Pueblo, se situaba cercana a los seis profesionales. A la par, el texto destaca que en una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística en 2020 el 12,74 % de la población española de 15 años en adelante presentaba sintomatología depresiva en distinta gravedad.

La norma recoge que las restricciones por la pandemia tendrá que tener en cuenta la salud mental de la población

Ante esta situación, el artículo primero de la norma redactada por Unidas Podemos garantiza "el derecho a la protección de la salud mental" y el "acceso a una atención sanitaria y social de calidad". Para lograrlo, apunta que el Sistema Nacional de Salud deberá contar con "un mínimo de 18 psiquiatras, 18 psicólogos y 23 enfermeros especialistas de salud mental por cada 100.000 habitantes. También estipula que el Consejo Interterritorial del SNS debería acordar los criterios para "garantizar un tiempo máximo de acceso a las prestaciones y servicios de salud mental".

El coste del covid-19

La ley también pone el foco en el aumento de los intentos de suicidio y de problemas psicológicos derivados de la pandemia. En concreto, destaca que según un estudio realizado por UNICEF en 2020 el 27% de los adolescentes encuestados tras el confinamiento sentía ansiedad, el 15% depresión; y el 73% la necesidad de pedir ayuda en relación con su bienestar físico y mental. Así, la norma dedica un capítulo a la atención a las personas afectadas por la crisis del covid-19.

También el Ministerio de Sanidad prevé incluir la necesidad de atender al incremento de enfermedades mentales que está dejando tras de sí el covid en la renovación de la Estrategia para la Salud Mental, que está en proceso de elaboración desde 2017. Su aprobación se ha dilatado, entre otros motivos, por el choque entre el enfoque de los psiquiatras y los psicólogos, lo que provocó la dimisión de varios de los miembros de cada sector del comité científico asesor. Pero finalmente el ministerio prevé que la nueva hoja de ruta sea aprobada antes de final de año por el Consejo Interterritorial, una vez las autonomías y las sociedades científicas den su visto bueno, informa Patricia Martín.

Estudios de investigación

La ley de Podemos contempla la creación de programas específicos para identificar patologías en salud mental derivadas de la pandemia; promover la realización de estudios de investigación; el establecimiento de protocolos de formación; que se faciliten los medios para recibir una atención integral; y, sobre todo, que se vele porque la toma de decisiones sobre las medidas que limiten la movilidad y la sociabilidad tenga en cuenta la atención y la salud mental de la población.

La proposición de ley de los morados también hace especial hincapié en la prevención del suicidio. Entre las medidas planteadas está la creación de una línea telefónica gratuita de atención, el seguimiento a las personas con tentativa suicida, el establecimiento de protocolos de prevención e identificación precoz para grupos vulnerables y la creación de una formación especializada para la prevención del suicidio y el estigma para personal sanitario, servicios de urgencia, bomberos, policía, protección civil, medios de comunicación, centros docentes y funcionarios de justicia.