contra una lacra social

Entran en acción los abogados de oficio para las víctimas de violencia machista

  • Se cumple el primer mes de la obligatoriedad de que un letrado asista a la víctima mientras presenta la denuncia en comisaria

La abogada Monterrat Pareja sale de la comisaría de Sant Boi, el domingo 25 de julio.

La abogada Monterrat Pareja sale de la comisaría de Sant Boi, el domingo 25 de julio. / MANU MITRU

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J. G. Albalat
J. G. Albalat

Redactor

Especialista en Judiciales

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El teléfono sonó a las cuatro de la tarde del domingo 25 de julio. Montserrat Pareja no hacía mucho que acababa de comer. Es una de las abogadas que ese día estaban de guardia en el turno de oficio de violencia machista del Col.legi de l’Advocacía de Barcelona. Su interlocutor era un mossos d'esquadra de la comisaría de Sant Boi. El agente le comunicó que se había presentado en las dependencias policiales una mujer de origen extranjero con la intención de denunciar a su marido por haberla amenazado con un arma blanca. Desde el pasado 1 de julio, en Catalunya es obligatorio que las víctimas de este tipo de delito sean asistidas por un abogado en comisaría para interponer denuncia. Antes era una recomendación. “Que sepan que no están solas”, precisa la letrada.

Montserrat solicitó al agente que le diera los datos de la mujer, pero no podía comunicarse con la víctima porque no hablaba nada de español. Ante esta situación, desde la comisaría se empezó a buscar un intérprete. Hasta que no se localizó uno (era domingo) paso un tiempo. La declaración se señaló a las seis de la tarde. La abogada llegó antes para hablar con la mujer y explicarle. El mosso estaba preocupado de que la víctima estuviera en comisaría esperando mucho. El protocolo del Consells de Co.legis d’Advocats de Catalunya reseña que la asistencia debe ser inmediata y no debería exceder de una hora, un plazo que en ocasiones es difícil de cumplir. La responsable del turno de oficio del Col.legi de l’Advocacía de Barcelona, Carmen Valenzuela, aboga que cuando sea imposible llegar en una hora a la comisaría (“es un tiempo escaso”) pueda usarse la videoconferencia.

En diciembre del 2020, se introdujo una modificación en la ley catalana del derecho de las mujeres para erradicar la violencia machista. Su artículo 31.6 quedó así: “Cuando una mujer acuda a una comisaría para presentar una denuncia como consecuencia de haber vivido cualquiera de las manifestaciones de violencia machista´”, los Mossos han de requerir al colegio de abogados la presencia de un letrado para garantizar la asistencia a la víctima desde el momento inicial.

Asistencia gratuita

Esta asistencia corre a cargo del Estado y es gratuita para la mujer, tal y como establece la ley de medidas de protección integral contra la violencia de género. De ahí, la importancia del turno de oficio de violencia machista, servicio que en el colegio de abogados de Barcelona cuenta con 1.272 letrados que no solo cubren la capital catalana sino otras poblaciones. Durante el primer semestre de este año se han realizado 2.098 asignaciones de asistencia letrada para víctimas de violencia de género, cuando el año anterior en el mismo periodo fueron de 1.809 y en el 2019, 1.997. Y del 1 al 26 de julio de este año, se tramitaron otras 385 designas.

Montserrat estaba ese domingo 25 de julio de guardia para las comisarías del Baix Llobregat. Cuando llegó a la de Sant Boi se encontró en la sala de espera con una mujer estresada y con ansiedad. Estaba acompañada por dos familiares, uno de ellos testigo directo de la presunta amenaza con arma blanca por parte del marido. Como todavía no había llegado el intérprete, fue uno de estos allegados quien tradujo las palabras de la víctima. “Me hizo un relato de lo sucedido”, asegura la jurista, sin entrar en detalles por su secreto profesional. Poco a poco fue sacándole a la mujer detalles de un maltrato que, al parecer, no era ocasional, sino habitual. “Él no la dejaba trabajar, ni interrelacionarse. Una muestra de ello es que no hablaba castellano. Su misión era limpiar y cocinar”, sostiene. La tenía, en definitiva, como una esclava, según los testigos.

Ante el relato que le comunicaba la víctima y después de explicarle como funcionaría el procedimiento, la abogado le recomendó necesitaba una orden de protección para alejarse del maltratador. Estaba claro que había una situación objetiva de riesgo. La testigo directa de la amenaza confirmó cada una de las palabras de la mujer. Tras recibir los consejos de la letrada y cuando llegó el intérprete, el agente procedió a tomarle declaración. “Una denuncia mal formulada puede suponer que el caso se archive o que se dicte una absolución”, insiste Montserrat. “Es fundamental una buena denuncia, desde la cronología de los hechos hasta los mínimos detalles. Debe ser lo más precisa posible”, subraya. Reconoce, que la situación con la que se encontró era “muy compleja”, no solo por el idioma de la víctima, sino por su perfil. “El mosso fue muy profesional”, apunta. La declaración duró tres horas.

Una declaración completa

La presencia de la abogada permitió, con sus preguntas, que la víctima no dejara nada en el tintero. “El objetivo principal es que la declaración sea lo más completa posible”, asegura Montserrat. El presunto agresor fue detenido y durmió en comisaría. Al día siguiente, ya lunes, pasó a disposición judicial. La mujer había solicitado en los Mossos una orden de protección con medidas penales (alejamiento) y civiles (hay un menor y la mujer no trabaja) y era el juez quien debía acordarla, como sucedió.

El magistrado tomó declaración a la víctima, a la testigo y al detenido, que negó las acusaciones. Al no haber conformidad, el juicio se señaló para mayo del 2022. El arrestado alegó que no tenía inconveniente de abandonar el domicilio conyugal y fue acompañado por los mossos para que recogiera sus pertenencias. Queda por delante el procedimiento de divorcio. “Es esencial que las víctimas de violencia machista tengan información de lo que va a pasar desde el momento que interponga la denuncia y desde el minuto uno. Y que perciban que le vas a acompañar hasta que acaba el proceso”, insiste Montserrat. Por la guardia de 24 horas, esta letrada percibirá 170 euros.

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“Muchas mujeres tienen miedo de que no se las crea y de que no acuerden la orden de protección. Los abogados estamos ahí para aconsejarles y, además, para garantizar el buen funcionamiento del procedimiento. Es decir, que la denuncia esté bien formulada. Está en un momento de su vida crucial y hay que darles fortaleza, empoderamiento, seguridad. Que note que le apoyas, que no se sienta cuestionada, ni sola”, asegura la abogada. Desde ese domingo 25 de julio, la víctima llama cada día a su abogada. Misión cumplida.

Descenso de denuncias por la pandemia

Los datos oficiales reflejan un “sensible” descenso en 2020 del número de denuncias presentadas por violencia machista, según la memoria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En Catalunya, en el 2019 se registraron 22.394 y el año pasado 19.927 (un 11,02% menos) En el global de toda España, la bajada es muy similar, de 10,28% (de 168.057, en el 2019, a 150.785 en el 2020. Detrás de este declive está la pandemia del covid y el confinamiento que se vivió durante unos meses. Encerradas en casa, las víctimas tenían más dificultad de alejarse del maltratador y denunciar ante la policía,

Los delitos que más denuncias acumulan, a pesar del descenso general, es el de lesiones o maltratos del artículo 153 del Código Penal, que castiga a la persona que “por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad” , golpeé o maltraté de obra cuando la ofendida haya sido esposa o pareja (en el 2020, en España 84.682 denuncias y en Catalunya 12.214). Un dato significativo es que mientras la mayoría de infracciones penales han bajado, los homicidios en la comunidad catalana aumentaron en un 30% de un año a otro, los delitos contra la libertad e indemnidad sexual se incrementaron en un 3,26% y los quebrantamientos de medidas un 15,4% (alejamiento, entre otras).

Las órdenes de protección incoadas también descendieron. En España pasaron de 40.720 en 2019 a 35.861 en el 2020 (un 11,93% menos) y en Catalunya, de 5.550 a 4.711 (un 15,12% menos). En cuanto al sentido de las resoluciones dictadas, en la comunidad catalana se aprecia un mayor bajón en el número de órdenes de protección adoptadas respecto a las denegadas, que porcentualmente representan un 59,44%, cuando la media estatal de peticiones rechazadas es del 28,80%. Sobre todo se acuerdan medidas de alejamiento y de comunicación.