Segunda fase de la Operación Azud

Alfonso Grau habría cobrado un millón de euros y Rafael Rubio 300.000 euros en mordidas de la trama urbanística

  • La UCO ha precintado el despacho de Rubio en la subdelegación del Gobierno

  • La segunda fase de la Operación Azud se desarrolla desde primera hora de hoy con 14 arrestados, entre ellos el constructor acusado de montar la red de corrupción

La UCO ha detenido hoy a Rafael Rubio y Alfonso Grau por cobrar sobornos.

La UCO ha detenido hoy a Rafael Rubio y Alfonso Grau por cobrar sobornos. / LEVANTE-EMV

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Teresa Domínguez / Laura Ballester

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido a primera hora de hoy al subdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Rafael Rubio; al ex teniente de alcalde del Ayuntamiento de València y mano derecha de Rita Barberá, Alfonso Grau; a una de sus hijas; y al constructor Jaime María Febrer, por su presunta implicación en una trama de corrupción urbanística en la que los políticos se habrían beneficiado económicamente a cambio de determinadas adjudicaciones inmobiliarias, dentro de la segunda fase de la Operación Azud que investigan un juzgado de València y la Fiscalía Anticorrupción. 

La UCO también ha detenido esta mañana al jefe de los Servicios Jurídicos de Divalterra, la empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia, José Luis Vera.

Tras su detención, Rafael Rubio ha sido destituido de manera fulminante por parte de la delegada del Gobierno, Gloria Calero. Durante la mañana, agentes de la UCO de la Guardia Civil registran su vivienda en la capital del Túria y ya han sacado al menos una maleta con efectos en su interior.

Según las fuentes a las que ha tenido acceso este periódico, Grau habría percibido en torno a un millón de euros en metálico por estas presuntas mordidas urbanísticas, mientras que Rafael Rubio habría recibido 300.000 euros de la trama.

Además de esas cuatro detenciones, los agentes de la Guardia Civil especializados en corrupción han arrestado a otras nueve personas, en una operación simultánea llevada a cabo en València, Alicante, Madrid y Tomelloso (Ciudad Real).

Despachos precintados

Mientras los agentes de la UCO se encuentran practicando el registro de las viviendas de los principales implicados, se ha procedido al precintado de los despachos tanto de Vera en Divalterra como el de la subdelegación del Gobierno de Rafael Rubio.

El origen, la documentación del cuñado de Rita Barberá

La Operación Azud tuvo su primera fase hace poco más de dos años, en abril de 2019, con la detención del cuñado de Rita Barberá, el abogado José Luis Corbín, y su socio, así como con la imputación en esa causa de su mujer y hermana de la fallecida alcaldesa de València, Asunción Barberá, y de las tres hijas del matrimonio. 

Corbín está acusado de catalizar, a través de su despacho profesional, el cobro de comisiones ilegales a contratistas del Ayuntamiento de València y, según las investigaciones de la UCO, la Fiscalía Anticorrupción y la jueza del caso, se habría erigido en la principal puerta de entrada de quienes pretendían cualquier negocio con el consistorio en las distintas legislaturas del Partido Popular. De hecho, la investigación del caso Azud abarca desde 2005 hasta 2015.

Las detenciones practicadas hoy son consecuencia de la investigación realizada por la Guardia Civil a partir de la documentación intervenida en la primera fase, y que habría puesto al descubierto una trama de mordidas -en metálico y en especie- para obtener tanto el derecho de construcción en parcelas de propiedad municipal como la compra de las mismas, que en muchas casos ni siquiera llegó a concretarse porque la llegada de la crisis económica dio al traste con las pretensiones del presunto corruptor, el empresario Jaime María Febrer, vinculado a una de las mayores operaciones urbanísticas de la ciudad: la compra de los terrenos en los que se levantaban los depósitos de CHL en Natzaret, por un importe de 300 millones de euros.

La firma de Febrer objeto de investigación en esta segunda fase de la Operación Azud, Construcciones Valencia Constitución (CVC), quedó formalmente disuelta por un juzgado de València en 2013, tras un proceso de liquidación que la mantuvo durante un año en concurso de acreedores.

Entre las parcelas de titularidad pública sobre las que el empresario ahora detenido habría adquirido derechos de construcción entre los años 2007 y 2010 gracias al entramado de presuntos amaños descubierto ahora habría algunas precisamente en el distrito del Marítim, en las inmediaciones del Puerto, y otras, en el de Quatre Carreres.

Grau, más de un millón de euros en metálico

Según las fuentes a las que ha tenido acceso Levante-EMV, el dinero percibido como mordida por Grau se sitúa en torno al millón de euros, mientras que Rafael Rubio habría recibido alrededor de 300.000 euros. En ambos casos, y al parecer no fueron los únicos, esas cuantías llegaron presuntamente a sus bolsillos en metálico.

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Todos los detenidos serán llevados esta misma mañana a distintos acuartelamientos de la Guardia Civil en València para mantener la incomunicación entre ellos, ya que la causa que sigue un juzgado valenciano desde 2017 continúa secreta.

El origen de la investigación de Azud se sitúa en una denuncia de la Agencia Tributaria derivada de una inspección fiscal realizada al cuñado de Rita Barberá, que se saldó con una regularización por importe de 600.000 euros. Una vez satisfecha la diferencia a favor del fisco, Hacienda presentó la denuncia por presunto delito fiscal contra Corbín. Fue a partir de ese momento cuando la UCO y la Fiscalía Anticorrupción iniciaron las pesquisas que derivaron en la detención del abogado y de su familia.