El Ingreso Mínimo vital solo llega al 6% de familias pobres

El Ingreso Mínimo Vital, la medida estrella del Gobierno para atajar la pobreza en España, sigue coja. La inmensa mayoría de personas que viven bajo el riesgo de pobreza no cobran esta prestación, y solo el 6% de ellos la está percibiendo. Esta es la principal conclusión del informe sobre la implementación del Ingreso Mínimo Vital en Catalunya que se ha presentado este miércoles en rueda de prensa. También han lamentado que la ley que regula esta prestación excluye a miles de personas que no tienen derecho, y que la falta de cooperación entre las diferentes administraciones que gestionan rentas en la comunidad.

Cuando lo anunció el ministro Escrivá, el objetivo de aplicar este año el Ingreso Mínimo Vital era llegar al 25% de hogares que viven bajo el umbral de la pobreza. De hecho, la medida estaba pensada para llegar a los hogares donde la pobreza ya es severa. La realidad, es que solo han llegado al 25% de la pobreza severa. Y por tanto, al 6,25% del total de pobres. Lo dicen en un informe, que ha usado los datos que publicó en diciembre el Ministerio de Inclusión, donde se apuntaba que solo el 14% de las familias que solicitaron tales rentas fueron aprobadas.

Por el camino, quedan cientos de hogares que no tienen ni acceso a pedir esta prestación. Por ejemplo las personas inmigrantes sin papeles, cuya situación de exclusión es extrema. Tampoco están accediendo a ella las personas que tenían ingresos en 2019, pero que en 2020 lo han perdido todo. "Se usa el criterio de la declaración de la renta pero deben usar otro, como los ingresos de los últimos dos o tres meses" señala el informe. Tampoco entran en ella las familias que conviven en habitaciones de realquiladas, o aquellos que han vuelto a vivir a casa de los padres. El resto de convivientes hacen constar un dinero que quien pide la renta no tiene.

La marginación de estos colectivos está lastrando a los servicios sociales a una situación de "colapso" importante, según detalla el consistorio. Los trabajadores municipales son los que acaban ayudando a tramitar esta renta, pero además tienen que seguir ofreciendo ayudas de alimentación y vivienda mientras éstas esperan una respuesta del Gobierno, que puede alargarse hasta medio año.

Otra dificultad que está ocurriendo en Catalunya es la complementariedad con la Renta Garantizada de Ciudadanía. En principio el Ingreso Mínimo cubre los ingresos hasta los umbrales fijados por el Gobierno, y la renta catalana complementa hasta llegar al máximo previsto por el Govern. La realidad es que las familias piden ambas rentas por separado, temiendo que algún día el Govern les pida de vuelta el dinero, o al revés, no piden ninguna hasta resolver sus expedientes. Por ello, tanto entidades como expertos, piden que las administraciones se pongan de acuerdo y dejen de culpar a los más vulnerables.