La libertad de un acusado de asesinato crispa a la comunidad rumana

Isabel Elena, de 36 años, estaba embarazada cuando fue brutalmente asesinada. Esta mujer de origen rumano fue acuchillada el 11 de junio del 2019 en su domicilio de la localidad valenciana de Xàtiva. Tenía 37 heridas de arma blanca en la zona del cuello y debajo de la barbilla, aunque la autopsia determinó que había indicios de antes podía haber sido asfixiada, dejándola indefensa. Al cabo de unos meses, en marzo del año siguiente, la Policía Nacional detuvo a su pareja sentimental, el español J. V. A. N. Ante las pruebas que le incriminaban, el juez ordenó su ingreso en prisión, en la que ha permanecido hasta este mes de febrero.

La Audiencia de Valencia decretó su libertad bajo fianza, lo que ha soliviantado y crispado los ánimos de la comunidad rumana que clama que se haga justicia. Algunos de sus miembros apuntan a un trato discriminatorio por la nacionalidad de la víctima. “Si hubiera sido española, sería diferente”, aseguran. La policía remitió a finales de la semana pasada un nuevo informe al juzgado en el que ratifican todas los inicios que existen contra J. V. A. N., cuando este ya está libre.

Los agentes del Grupo de Homicidios de la policía concluyeron que el sospechoso se encontraba en el lugar del crimen a la hora en que se cometió, gracias al análisis de posicionamiento de su teléfono móvil, según el auto de prisión al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. No estaba en su trabajo, indica la jueza, como él había declarado. La togada enumera más pruebas, como los restos genéticos del arrestado en la zona vaginal de la mujer, lo que “indica que mantuvo relaciones sexuales con ella” ese día, a pesar de que J. V. A. N. lo había negado En el fregadero de la cocina, detalla, la policía halló cuchillos con restos de sangre de la mujer. El detenido lo justificó manifestando que se había lavado las manos tras encontrar muerta a su pareja y tocarla.

La jueza ofrece otro dato: según los mensajes de móvil, la relación de la pareja no era como relató J. V. A. N ., sino que “estaba llena de constantes discusiones”, hasta el punto de que la mujer había sido agredida antes por él y obligada a mantener sexo. El auto recoge el testimonio de una amiga de Isabel Elena, quien explicó que esta le había explicado que el sospechoso “le amenazó con matarla, con cortarle el cuello si la dejaba”. La jueza también destaca las búsquedas que el detenido había hecho en internet, como una sobre cámaras de seguridad de un supermercado o la efectuada la noche antes del crimen con la frase “policía nacional Xàtiva”.

Los miembros de la comunidad rumana consideran que la libertad no debería haberse producido. “Se nota la diferencia cuando la víctima es española o rumana. Ella sola no se pudo asesinar con un cuchillo”, afirma el representante de una asociación. “La justicia tiene que investigar independientemente de las nacionalidades”, apostilla. Desde una entidad de Valencia insisten en que es “una vergüenza” la liberación del sospechoso “si hay indicios contra él”. “La justicia tiene que investigar a fondo”, subrayan. Quieren que se haga justicia y que se aclare el crimen, aunque hay quien afirma que, visto este caso, la única conclusión es que “la vida de una rumana vale menos que la libertad de un español”.

El dictamen de la defensa y los testigos

La Audiencia de Valencia ha tirado por tierra estos indicios y, sobre todo, el análisis de la Policía Nacional sobre el posicionamiento del móvil de J. V. A. N, dando validez a un dictamen de la defensa que cuestionan el resultado de la investigación policial, y remarca el testimonio de tres compañeros de trabajo del imputado que señalaron haberle visto en la empresa cuando se supone se produjo el crimen. La justicia ha rechazado la petición de la acusación particular de que se practique un contraperitaje. El Grupo de Homicidios remitió la semana pasada un nuevo informe al juzgado en el que ratifica que el móvil en que niega contradicciones en el posicionamiento del móvil del encausado y se ratifica que este estuvo en el lugar del crimen cuando se cometió.

El tribunal de la Audiencia sostiene, sin embargo, que “los indicios de criminalidad existentes son bastantes para mantener la imputación del relato fáctico, con apariencia de delito de asesinato”, pero otra “cosa distinta” es que se cumplan los requisitos que justifican la prisión, rechazando el riesgo de fuga. “Existen indicios plurales de cargo y de descargo”, admite. La acusación particular califica de “error” la decisión de la Audiencia, pues, a su entender, no ha evaluado todos los elementos inculpatorios, ciñéndose al peritaje de la defensa.