El fiscal pide seis meses de cárcel para Ángel Hernández, el hombre que ayudó morir a su mujer

La Fiscalía de Madrid pide seis meses de cárcel por un delito de cooperación al suicidio para Ángel Hernández Pardo por ayudar a morir a su mujer, María José Carrasco. Lo grabó en vídeo para dejar constancia de que ella le pidió, como hacía de de forma "constante", acabar con su vida por los "intensos" dolores "más allá de lo que podía soportar" que padecía a raíz de la enfermedad crónica, degenerativa e incurable que sufría.

Pese a que al ser una pena inferior a los dos años de prisión, sin antecedentes penales, Hernández no tendría que entrar en prisión en caso de condena, el escrito de calificación anuncia que para ese supuesto, si "se tramitase expediente de indulto, atendidas las circunstancias concurrentes en el presente caso, emitirá informe favorable".

El fiscal detalla toda esas "circunstancias" con las que denota que entiende cómo Hernández, "incapaz de poder seguir viendo sufrir a María José, desamparado por la falta de ayudas institucionales, y por las peticiones continuadas, serias, expresas e inequívocas de esta, decidió finalmente ayudarla a poner fin a su vida".

Hace hincapié en las instituciones a las que acudió en busca de ayuda hasta ser "consciente de que nadie más iba a ayudar a su mujer en el proceso de ingesta del pentobarbital sódico" que ella había comprado por Internet cuando aún podía usar las manos. Tras consensuarlo con ella, el 3 de abril de 2019, "estando solos en su domicilio", Ángel lo "vertió en un vaso con una pajita y se lo acercó a la boca, siendo Carrasco la que lo ingirió". María José murió 10 minutos después "por una intoxicación aguda que provocó una depresión respiratoria y neurológica en ella".

A continuación el acusado llamó a emergencias y esperó la llegada de la Policía. Hernández pasó a disposición judicial al día siguiente y allí, "no solo relató todo lo ocurrido, sino que además aportó toda la documentación y videos sobre los hechos que tenía en su poder. Documentos estos que redujeron muy notablemente las gestiones para el esclarecimiento de los hechos". Por eso el ministerio público le aplica las atenuantes de confesión y parentesco.

En su escrito, la fiscalía recrea la enfermedad de Carrasco desde que se le diagnosticó en 1989 y cómo fue agravándose paulatinamente hasta que acordó su muerte con Hernández, con quien tenía una relación estable desde 1982 y que había abandonado su trabajo para atenderla. Pese a conocerse las circunstancias que habían envuelto el caso, al ser pareja en un primer momento, se le acusó de violencia machista.

La enfermedad

La fiscalía señala que cinco años después de que le fuera diagnosticada la esclerosis, ya se reconocía a Carrasco un grado de discapacidad del 82%. En 1996 le concedieron la gran invalidez, porque desde entonces "necesitó del apoyo de terceras personas para todas las actividades básicas de la vida diaria", lo que llevó a Hernández a soliciar una reducción de jornada laboral para atenderla; en 1999, pidió una excedencia laboral para dedicarse "en exclusiva" a su cuidado.

Desde 2007 Hernández pidió "reiteradamente" a las administraciones públicas ayudas para el cuidado y el tratamiento de la enfermedad de su mujer, que siempre mantuvo intacta su capacidad cognitiva.

Dos años después se le reconoció el grado tres de gran dependencia, así como el derecho al Servicio de Atención Residencial. "Sin embargo y pese al

reconocimiento, nunca se le llegó a prestar el servicio reconocido, siendo Hernández la persona que tuvo que asumir él solo todas las responsabilidades del cuidado, lo que le generó un profundo sentimiento de desamparo y abandonó".

A partir de 2014, "en pleno uso de sus facultades intelectivas y consciente por ello de las consecuencias de ello", la mujer exteriorizó, y no solo a su marido sino también a otras personas, su deseó acabar con su vida. Por eso se pusieron en contacto con "Derecho a Morir Dignamente, donde recibieron asesoramiento.

Disuadirla

El fiscal añade que "aun a pesar del avance de la enfermedad, el nulo apoyo de las administraciones y la firme voluntad de María José de poner fin a su vida, Hernández intentaba disuadirla o cuanto menos retrasar el momento”.

La fallecida, que antes de 2018 "aun podía usar sus manos", compró a través de internet un frasco de 100 mililitros de pentobarbital sódico y una vez recibido, "lo guardaron en el domicilio por si en un momento dado tenían que usarlo". Mientras, Carrasco seguía empeorando y "sufriendo intensos dolores; más allá de los que podía soportar".

En agosto de ese año su estado se agravó y se reiteraron sus peticiones para "poner fin a su vida dignamente fueron constantes. Hizo un testamento de últimas voluntades y manifestó de forma expresa que rechazaba su alimentación por vía artificial (sonda nasogástrica o gastrostomía percutánea)", precisa el fiscal.

La última vez que la fallecida fue vista por un médico fue el 2 de abril de 2019 y que "en ese momento solo podía comunicarse con monosílabos, pero

comprendía lo que le decían y mantenía íntegramente sus facultades intelectivas y volitivas". Al día siguiente, Ángel le preparó un vaso con la sustancia que ella había comprado y murió tras tomárselo.