El Govern cierra dos residencias por no garantizar los derechos de los ancianos

El Govern ha decidido este viernes cerrar las residencias de Ullastrell (Vallès Occidental) y de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) al constatar que no cumplen los requisitos establecidos para garantizar los derechos de los ancianos residentes ni de los trabajadores, en el marco de la crisis de la covid-19.

Así lo ha comunicado el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, que ha indicado que el cierre es una medida cautelar hasta que se resuelvan de forma definitiva los expedientes sancionadores abiertos a estas dos residencias "por las graves irregularidades detectadas en el funcionamiento y organización de los centros durante la emergencia sanitaria de la covid-19".

La residencia de Ullastrell está gestionada por la empresa Apaser Residencial tiene 34 plazas, 19 de las cuales son públicas. La Generalitat la intervino el pasado 16 de abril i puso al frente del centro a otra entidad gestora, la Fundació Vallparadís, con el objetivo de reconducir la situación. Ahora la residencia ya está calificada como "verde" en materia de contagios. 

El Servei d'Inspecció abrió expediente sancionador a Apaser Residencial el 3 de junio por 5 infracciones graves y 11 muy graves, que pueden ser sancionadas con una multa de 4.000 euros en el caso de cada sanción grave y con 7.900 euros cada una de las muy graves, además del cierre del establecimiento por un periodo de cuatro años.

 La residencia de Sant Adrià está gestionada por la empresa Residencia Sant Adrià S.L.. Se trata también de un centro privado, en este caso con 25 plazas, 20 de las cuales son públicas. La Generalitat la intervino el 31 de marzo y sustituyó a los gestores, Residència Sant Adrià SL, por el Consorci de Salut i Social de Catalunya, que ha controlado la situación asistencial y sanitaria de la residencia. Ahora también está calificada como "verde". Los inspectores abrieron expediente a los anteriores gestores el 3 de junio por dos infracciones graves y ocho muy graves.

En ambas se ha producido un alto número de ancianos fallecidos, lo que obligó a la intervención de las mismas por parte de la Generalitat.  

Ahora las entidades responsables de la gestión deben hacer efectivo el cierre en coordinación con la 'conselleria', que ya ha empezado a trabajar en la reubicación y garantía de los derechos de las personas residentes, reubicación que se producirá en próximos días.

Primero se ofrecerá a las familias una alternativa en otro centro privado y en segunda instancia se les ofrecerá una plaza pública. Hasta que se produzca el cierre efectivo de los centros, al frente de los mismos estarán la Fundació Vallparadís y el Consorci de Salut i Social de Catalunya.