El escándalo del covid-19 fuerza la reforma del sistema de atención geriátrica

El tsunami del coronavirus ha impactado en todo el sistema sociosanitario, llevándose a la cama con fiebre a miles de enfermeros y médicos, ha puesto al borde del caos las urgencias, colapsado los servicios funerarios... Pero la ola ha arrasado sobre todo la parte más frágil de la playa: la de las residencias de ancianos, la que ya era pata débil del sistema antes de que las mareas de la sanidad pública y la dependencia salieran a la calle contra los recortes. Es un sector amplio, muy extendido geográficamente, a veces con grandes grupos empresariales detrás, pero precario en medios y personal. Es posible que la pandemia haya dejado un sello indeleble en la memoria de sus gestores: el miedo a un rebrote del coronavirus, y a que les vuelvan a faltar medios para evitar el contagio en sus pabellones.

En Madrid, mientras la curva de contagios desciende, las UCI respiran y las autoridades se plantean desmontar ya el hospital temporal de Ifema, ya hay un grupo de expertos en la capital pensando en una reforma integral del sistema madrileño de centros de mayores. "Desconocíamos mucho de cómo funcionaba este sector. Y lo que vamos sabiendo lo averiguamos con preocupación", reflexiona Carlos Mur, médico psiquiatra y exgerente del Hospital Universitario de Fuenlabrada, hoy director general de Coordinación Sociosanitaria, el departamento que ha tomado el mando de las residencias en plena crisis.

Nacido para quedarse

El grupo de revisión madrileño trabaja bajo el sello de la Red de Geriatras Referentes, que se constituyó en Madrid el pasado 13 de marzo para organizarse contra la pandemia -cuando ya hacía una semana que el virus se había llevado al primer anciano en un centro de mayores de Valdemoro-, pero el grupo "ha nacido para quedarse", explica Mur. Ahora la red elabora reflexiones cara al futuro, para que no vuelva a pasar lo que ha pasado. La encabezan el doctor José Antonio Serra Rexach, jefe de geriatría del Hospital Gregorio Marañón, su colega Leocadio Rodríguez Mañas, jefe del área en el Hospital Universitario de Getafe, la geriatra Cristina Bermejo Boixareu, del Hospital Puerta de Hierro, y el doctor Gregorio Gil, su homólogo en el Clínico San Carlos.

La reforma se diseña sobre tres patas: medicalizar, inspeccionar, modernizar. Y un objetivo: "Si logramos que, según su tamaño, cada residencia tenga ocho o diez camas medicalizadas, con oxígeno, en el futuro podremos parar nuevos golpes". Eso implica, claro, que las residencias estén obligadas a contratar más personal de enfermería.

La otra pata, la de la inspección, no pasa por que la Sanidad madrileña (en manos del PP) arrebate a Asuntos Sociales (en manos de Ciudadanos) la potestad de inspeccionar las residencias, pero sí por extremar el número y exigencia de las inspecciones. Sobre todo en detalles como la provisión de material y planes de seguridad médica.

Más comunicación

La modernización supone agilizar la comunicación de los médicos de las residencias con los geriatras hospitalarios de referencia por la vía de las videoconferencias, abandonando la desidia y el laconismo que han caracterizado durante la pandemia los partes que los facultativos de guardia en los centros de mayores enviaban por correo electrónico

En Catalunya, el debate del futuro de los geriátricos lleva diez años con peticiones de mejoras y al menos dos con planes y proyectos en el cajón. El Govern se ha visto obligado a desempolvarlos a marchas forzadas. Lo defiende el mismo secretario de Protección Social, Francesc Iglesias, que señala la entrada de médicos de los ambulatorios como la "gran lección aprendida", aunque no descarta mayores cambios. "Habrá que evaluar y analizar todos los datos, ahora mismo estamos en la emergencia, pero es evidente que se deberán plantear cambios", añade Iglesias.

Uno de los temas clave en Catalunya es la atención sanitaria que reciben los ancianos de los geriátricos. En la mayoría de los centros, la presencia médica es testimonial, de algunas horas a la semana. "Llevamos años pidiendo una relación directa con el sistema de salud público, ha habido protocolos, decretos, pero no se han aplicado nunca", lamenta Montserrat Llopis, de ACRA. "No tenía sentido que la gente más vulnerable estuviera recibiendo una atención de segunda división", comparte el doctor Jordi Amblas, vicepresidente de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia de la Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya. "Solo cuando ha estallado la crisis del coronavirus se ha empezado a aplicar el plan de atención integrada sociosanitaria; lo que habría tardado meses se está aplicando en días", remarca Amblas, también miembro del comité asesor del plan director sociosanitario del Govern. Un plan que dicta que tanto los médicos de los geriátricos, como los fármacos que se compran, dependan de la atención primaria de Salut.

De hecho, la Generalitat plantea también para más adelante una segunda carpeta a abordar: la de la medicalización de los centros. ¿Las residencias deben transformarse en semihospitales?. "No, por lo general", sentencia Iglesias, aunque avisa de que la Generalitat se plantea "estudiar y reformular" la relación entre los hospitales sociosanitarios, que dependen de Salut, y muchos geriátricos de Afers Socials, ya que sus internos comparten estado de dependencia y patologías crónicas. 

Las residencias exigen sus facturas

Aún no está cuantificado, pero los geriátricos ya han tenido que pagar mascarillas, desinfecciones, tests y sueldos de nuevos trabajadores en plantilla. "Vamos a pedir a la Generalitat una línea de créditos para que nos paguen estos gastos que hemos tenido que asumir", señala Montse Llopis, de ACRA. Lo harán este martes, en una reunión con el Govern. También se plantea lo mismo la Confederació del Tercer Sector, que asimismo gestiona decenas de residencias en Catalunya y que se ve "incapaz" de asumir este sobrecoste brutal al que han tenido que hacer frente los centros. Los segundos, ya han enviado una carta al Govern pidiendo ayudas económicas. 

La Generalitat responde que, por el momento, la financiación extra que prevé es la de seguir pagando al 100% las plazas que han quedado vacías, ya sea por defunciones, o porque en el momento de cerrar los centros tras el decreto de alarma no estaban llenas. "Este es un ingreso extra que podrían percibir", señala Iglesias, aunque tampoco descarta, ni promete, que la Conselleria de Salut abone estos pagos extra que pide el sector.