09 ago 2020

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PRIVACIDAD DIGITAL

El INE paga medio millón por los datos de cómo se desplazan los españoles

Protección de Datos pide explicaciones sobre el uso de la localización de particulares durante ocho días

El organismo estadístico quiere conocer cuánta gente recibe cada municipio para estudiar o trabajar

Olga Pereda / Carmen Jané

Adolescentes con sus teléfonos móviles. 

Adolescentes con sus teléfonos móviles.  / FERRAN NADEU

¿Qué porcentaje de población vive en pequeñas ciudades o pueblos pero trabaja en grandes urbes? ¿Dónde pasan los españoles sus días libres de Navidad? ¿Y en verano, se quedan en casa o salen de vacaciones? Estas preguntas, entre otras, las realizaba el Instituto Nacional de Estadística (INE) a través de cuestionarios a ciudadanos. A partir de ahora, la estadística pública “se sube al tren de la tecnología” y sabrá esos datos gracias a la información que desprenden los móviles de los españoles. Para ello, el organismo estatal pagará 500.000 euros a las tres operadoras de telefonía con cobertura de todo el territorio español -Movistar, Vodafone y Orange- por los datos de cómo sus usuarios se desplazan durante el día por trabajo o por estudios, durante unos días concretos.

Tanto el INE como las operadoras insisten en que son datos anonimizados y desagregados, es decir, que no permiten identificar a los usuarios. “Los datos que manejaremos no serán nombres sino recuentos. Es decir, cuántos teléfonos están en Badalona a las cuatro de la mañana, por ejemplo. Y cuántos de esos móviles están en Barcelona a las 10 de la mañana. Eso sirve para desvelar qué cantidad de población vive en Badalona, pero trabaja en Barcelona. Son los mismos datos que teníamos antes gracias a los cuestionarios que realizábamos entre la población”, explica un portavoz. Es lo que se llama 'población vinculada', una estadística que no se publica desde el 2011 y que sirve para calcular qué impacto humano soporta cada núcleo urbano.

La novedosa operación comenzará en breve. Todo el territorio español se dividirá en zonas con un mínimo de 5.000 habitantes (cuando el mínimo legal para analizar es de 10). El rastreo de los datos se producirá durante unos días determinados: las cuatro jornadas laborales que van del lunes 18 de noviembre al jueves 21 de noviembre, el domingo 24 de noviembre, el día de Navidad (25 de diciembre) y los días 20 de julio y 15 de agosto del 2020. 

No es la primera vez que el INE trabaja con empresarios privados. Hace unos días, técnicos del organismo se reunieron con Airbnb para “analizar posibles vías de cooperación en el análisis del fenómeno de las viviendas turísticas en España”. El objetivo es, según el INE, incorporar los datos de esta plataforma, y de otras similares, a las estadísticas oficiales.

En opinión del portavoz del INE, la manera tradicional de hacer encuestas -por cuestionario físico o por teléfono- es más cara y tienen poco sentido en un mundo en un tiempo en el que el Big Data (manejo y estudio de grandes cantidades de datos de usuarios) está plenamente implantado. 

Sello de calidad

Según el responsable del INE, el proyecto cumple con todas las leyes de protección de datos. “Nuestros datos son anonimizados. El secreto estadístico es nuestro sello de calidad”, señalan. Las operadoras insisten en que no se pueden utilizar celdas en las que haya menos de 10 usuarios. Y Vodafone sostiene que desde su 'app' cualquier usuario puede revocar el permiso para usar sus datos. 

La Agencia de Protección de Datos, sin embargo, ya ha pedido explicaciones al organismo sobre los protocolos establecidos con las operadoras para la utilización de esos datos.

Pero usuarios y expertos quieren saber más. FACUA-Consumidores en Acción afirma que su servicio jurídico lo está estudiando detenidamente. Mientras, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) resalta que la localización es un dato personal y protegido por ley. “Es básico que apliquen medidas de seguridad mínimas y que los datos se estudien de forma agregada con medidas de garantía adecuadas. Sería necesario analizar qué qué establece el contrato entre el INE y las tres operadoras implicadas”, añade la portavoz. 

Datos mínimos e imprescindibles

“La ley exige que los datos deben ser los 'mínimos e imprescindibles' para conseguir el objeto de estudio”, recuerda Eduard Blasi, profesor del posgrado de Protección de Datos y Entornos Digitales de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). “La geolocalización es una información sensible porque un día se podría saber si alguien está en una iglesia, un hospital o una sede política. Por eso, es necesario que el INE ofrezca más información sobre su proyecto y sobre cómo han anonimizado los datos”.

No es la primera vez que las administraciones recurren a las operadoras para obtener información geolocalizada de calidad. El Ministerio de Fomento ya anunció en abril del 2018 un estudio de cuatro meses con Orange y la empresa de analítica Kineo sobre la movilidad en las carreteras españolas que partía de “datos anonimizados que generan las antenas de telefonía móvil” para estudiar sus desplazamientos. El objetivo era observar qué vías iban más congestionadas y cuáles interesaba desdoblar apoyándose en datos de tráfico reales.

También el consorcio tecnológico Eurecat hizo un proyecto similar para estudiar la movilidad en los alrededores de la Sagrada Família con el Ayuntamiento de Barcelona y Orange, entre el 2016 y el 2018, aunque el objetivo eran los flujos de turistas, y por tanto se estudiaban solo los móviles extranjeros. Y Telefónica intentó vender uno similar sobre el Bicing al ayuntamiento, que se acabó haciendo solo con los datos de las propias bicicletas.

El negocio de los datos

Telefónica, Vodafone y Orange cuentan con plataformas de análisis de big data para vender los datos que generan sus usuarios a administraciones públicas y empresas. Son Luca (Telefónica) o Vodafone Analytics, que se dirigen tanto a la gestión pública (smart cities) como privada.

El negocio es suculento. El contrato con el INE, por ejemplo, que las operadoras consideran casi un “experimento”, ha supuesto un total de 500.000 euros entre las tres. Así, según la plataforma de contratación del sector público citada por la agencia Efe, Telefónica ha recibido 163.615,86 euros; Vodafone, 150.000 euros y Orange, 185.000. Es decir, 0,010 euros por cada usuario de Movistar; 0,013 euros, por el de Orange, y 0,012 euros por el de Vodafone, si se cruzan con los datos de clientes de la CNMC. Cantidades, según el INE, mucho más ajustadas que el coste de las encuestas.

Para las administraciones públicas, la gestión de los datos ciudadanos es una cuestión clave, como demostró el proyecto europeo Decode, que impulsó la antigua comisionada digital de Barcelona, Francesca Bria, y en el que Barcelona era uno de los pilotos. Pretende hacer una plataforma que permita a cada ciudadano conocer el uso que las autoridades hacen de su información y mejorar la gestión urbana con el análisis del ‘big data’. Porque, en principio, solo un juez puede autorizar que se den datos completos de un móvil o varios.

Así sucedió durante la investigación de la desaparición de Diana Quer, la Guardia Civil solicitó al juez y obtuvo los datos de todos los móviles que se habían movido en zonas concretas donde se buscaba a la chica. Y fue a partir del cribado que obtuvieron al sospechoso. Habitualmente, se piden datos de localización de un solo usuario, a la operadora (por las antenas), o a las apps, que controlan el uso que hacen sus usuarios y suelen pedir acceso a número, nombre, localización y contactos. Pero lo que hace el usuario dentro de ellas solo lo saben sus responsables, no las operadoras, a las que solo les queda saber qué app tiene instalada y qué volumen de datos mueve.