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UN AÑO DE POLÍTICAS MIGRATORIAS

Sánchez volvió a la mano dura tras el gesto esperanzador del 'Aquarius'

Ni se han retirado las concertinas de las vallas ni se ha acabado con las devoluciones en caliente

La acogida en la frontera ha mejorado pero el problema de los menores no acompañados sigue sin solventarse

Patricia Martín / Manuel Vilaseró

Llegada del ’Aquarius’ al puerto de València el pasado 17 de junio del 2018.

Llegada del ’Aquarius’ al puerto de València el pasado 17 de junio del 2018.

Una de la preguntas más reiteradas a cualquier candidato en periodo electoral es cuál sería la primera decisión que tomaría si resultara elegido. Pedro Sánchez no podía saberlo cuando presentó la moción de censura pero una de sus primeras decisiones importantes acabó sacudiendo a Europa, al acoger al 'Aquarius', un barco cargado de inmigrantes en situación límite que había sido rechazado en los puertos italianos. Un año después, no puede descartarse que se haya arrepentido. Creó unas expectativas de cambio de rumbo en la política de inmigración que no ha podido o querido cumplir, aunque en algunas materias como la acogida de los recién llegados y a los solicitantes de asilo se haya avanzado.

El control de fronteras se ha intensificado. En este terreno, el más visible, el pretendido giro respecto al Gobierno anterior acabó convertido en un simple gesto sin continuidad. Al contrario. El ministerio de Fomento retuvo meses después sin salir de puerto a otros dos buques de oenegés ('Open Arms' y 'Aita Mare') para no verse obligado a acoger los inmigrantes que rescataran. Su titular, José Luis Ábalos, interpelado en el Parlamento, reconoció que la acogida del Aquarius sólo había sido «una llamada de atención a Europa» para que se movilizara  ante el drama humano que suponían la insolidaridad del Ejecutivo italiano.

El discurso antiinmigración

El gesto tuvo efectos limitados. Varios países se repartieron la acogida de nuevos barcos pero sólo durante unos meses. También se habló de un sistema de asilo común, reformando el Convenio de Dublín, y de crear una plataforma de desembarco seguro pero nada se ha hecho, como recuerda Paloma Favieres, de la Comisión España de Ayuda al Refugiado (CEAR).

El discurso antiinmigración gana enteros en Europa cada día que pasa sin que España haya podido hacerle frente. Hasta el resucitado partido socialdemócrata danés, homólogo del PSOE en ese país, acaba de ganar las elecciones con un mensaje casi xenófobo.    

En la misma comparecencia, Ábalos reconoció que España no puede hacerse cargo del salvamento de los náufragos de todo el Mediterráneo. Ya se encarga directamente, "con gran eficacia" y sin necesidad de que actúe ninguna oenegé, de los que se acercan a las costas españolas, los que les corresponden.

El supuesto 'efecto llamada'

El año pasado casi se duplicó la llegada de pateras, con más de 57.000 personas. El PP, recién desalojado del Gobierno, aprovechó para vincular estas llegadas masivas, especialmente intensas en verano, a un supuesto ‘efecto llamada’ provocado por el 'Aquarius'. Fue el momento en que Sánchez dio el paso atrás, ante el temor de que su giro le supusiera un desgaste electoral, aunque el aumento fuera debido al cierre de las fronteras del Mediterráneo Central y Oriental y no a ninguna ‘llamada’. La UE logró que allí Libia y Turquía ejercieran de gendarmes e impidieran las salidas, tras destinarles cuantiosos fondos.

En paralelo al rescate del 'Aquarius', el Gobierno también había prometido suprimir las denominadas ‘devoluciones en caliente’ así como las cortantes concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla, pero ni lo uno ni lo otro se ha llevado cabo.

No sólo las devoluciones han seguido sino que el abogado del Estado recurrió una condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por una de ellas. La idea de retirar las concertinas se mantiene, pero condicionada a elevar la altura de las vallas y hacerlas más infranqueables.

Blindaje de fronteras

El blindaje de fronteras se ha potenciado en casos como las devoluciones exprés de subsaharianos que saltan la valla de Ceuta rescatando un antiguo acuerdo con Marruecos que nunca se había utilizado. Y la presión de España ante la UE ha logrado desbloquear fondos destinados al país alauí, tras lo cual este se mostrado mucho más activo en la lucha contra la inmigración irregular. La llegada de pateras se ha reducido algo en lo que va de año (un 6%) y este verano "no parece que vaya a haber un repunte”, según José Javier Sánchez, responsable de emigraciones de Cruz Roja.

Aún así, las oenegés se muestran muy críticas con la política de blindar las fronteras y "externalizar” el problema, ofreciendo dinero a otros países. Según Sergio Barciela, responsable de inmigración de Cáritas, esto ha provocado que "más sufrimiento y muertes” en el Mediterráneo y un "mayor enriquecimiento de las mafias”.

Por el contrario, la acogida a los recién llegados es el aspecto que más ha mejorado. Las imágenes de pabellones polideportivos atestados de los viajantes en patera se han mitigado. El número de plazas ha pasado de 630 a 3.000 desde la moción de censura, según datos de Cruz Roja. Y las plazas para peticionarios de asilo también se han incrementado (de 195 a 2.600 desde el 2015).

Los 'menas' y la burocracia

La atención posterior que reciben los inmigrantes ya es más problemática, especialmente la de los menores no acompañados ('menas'). Son responsabilidad de las comunidades autónomas. El Gobierno destinó un presupuesto extraordinario pero no ha sido suficiente. El problema de fondo se mantiene. Las comunidades más afectadas, Catalunya y Andalucía, no dan abasto. La atención es insuficiente y muchos de los niños acaban en la pequeña delincuencia.

La falta medios sigue atascando la resolución de los expedientes de asilo, con esperas de entre seis meses y un año y más de 70.000 pendientes. Además, las denegaciones superan el 60%. El Defensor del Pueblo lo acaba de denunciar junto al colapso en las concesiones de nacionalidad. El sistema acumula más de 300.000 solicitudes debido a la falta de personal y el mal funcionamiento del sistema informático con el que se gestionan los expedientes.

Si España vuelve a tener de nuevo presupuestos podrá empezar a solventarse. Al igual que el Fondo de integración, acogida y refuerzo educativo. El PP lo dejó a cero. Sánchez lo dotó con una partida de 70 millones en las cuentas del 2019 pero el destino de éstas es conocido. Su rechazo precipitó la pasada convocatoria electoral.

La atención sanitaria sigue sin estar garantizada

Además de la acogida del Aquarius, otra de las primeras decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez en beneficio de los inmigrantes fue devolverles la atención sanitaria, derecho del que fueron privados por el PP en el 2012, salvo en urgencias o los colectivos más vulnerables, con el pretexto de ahorrar en plena crisis. Si bien, el real decreto aprobado en julio tiene "lagunas” importantes que están provocando que algunas personas no sean atendidas o reciban la factura si acuden a urgencias, según han denunciado las más de 300 organizaciones que integran la red Reder.

Uno de los problemas es que se exige a los inmigrantes tres meses de empadronamiento, incluido a colectivos como las embarazadas o los menores que sí que recibían atención gratis con la normativa del PP. Esta exigencia se puede solventar con un informe de los servicios sociales que muchos son reacios a pedir o no siempre llega a tiempo, si se trata de una urgencia, y depende en muchas ocasiones de la administración de turno. De hecho, según Pablo Iglesias, de Médicos del Mundo, autonomías como Madrid y algunas otras están haciendo una interpretación "muy restrictiva” del real decreto y denegando la atención incluso a las personas vulnerables, lo que supone una "regresión” respecto a la política del PP.

Para solventar este problema, Reder reclamó al Gobierno que redactara un reglamento que aclarara los puntos ambiguos del real decreto, pero aún no ha visto la luz. A esto se suma que también se deniega la sanidad a las personas reagrupadas, normalmente de edad avanzada, un problema que no se puede solucionar vía reglamento y que exigiría cambiar la ley. El Supremo, de hecho, rechazó recientemente el acceso gratuito a una cubana reagrupada por su hija, lo que cierra la puerta a la atención sanitaria a estas personas salvo que el Gobierno lo corrija. "Hemos pasado de la esperanza a la decepción”, resume Iglesias.