La Generalitat ha cobrado ocho rescates a víctimas imprudentes en una década

La Generalitat ha cobrado ocho rescates por la imprudencia flagrante de las víctimas, con importes que en algunos casos rozan los 3.000 euros, en la primera década desde que entró en vigor la tasa que en octubre de 2008 creó el tripartito para concienciar de la importancia de actuar con prudencia.

En una entrevista a Efe, el director general de Prevención, Extinción de Incendio y Salvamento, Manel Pardo, ha destacado que esta iniciativa, que entró en vigor en octubre de 2009, un año después de su creación, ha tenido un "buen impacto", ya que su objetivo no es recaudatorio, ni como "castigo", sino potenciar la prevención para reducir la cifra de rescates.

Desde que el tripartito instauró en octubre de 2008 la tasa que tras un año de periodo de pruebas permitía a los Bomberos cobrar los rescates a las víctimas que hubiesen actuado con una manifiesta imprudencia, la Generalitat ha activado este mecanismo en ocho casos: 2 en 2011, ya con CiU en la Generalitat, 1 en 2013, 2 en 2014, 1 en 2015 y 2 en 2018.

El precio que se hace pagar a las personas rescatadas varía en función de los medios movilizados para su evacuación, por lo que la factura cobrada por la Generalitat oscila entre los 507 euros y los 2.880 euros.

La decisión de última sobre en qué casos se cobran los rescates, según Pardo, recae en los técnicos, que analizan el incidente para determinar si ha habido algún tipo de negligencia o imprudencia grave.

"Se aplica el cobro sólo en casos de imprudencia manifiesta, cuando no hay ningún tipo de duda. Si existe una mínima duda no se aplica", ha resaltado Pardo, que ha reconocido que la mayoría de los casos analizados quedan descartados, como demuestra la estadística de cobros, con menos de uno al año de media en la última década.

En un caso, la Generalitat llegó a presentar una factura por casi 18.000 euros, pero los afectados recurrieron ante la administración, que finalmente les acabó cobrando 2.393 euros.

Los casos que se han cobrado hasta el momento son por imprudencias manifiestas como intentar cruzar el río Muga en coche, pese a que el acceso estaba cerrado por inundaciones, el de un esquiador que quedó atrapado en un alud fuera de pistas y con el acceso cerrado o unos montañeros que tuvieron que ser evacuados de una zona cerrada al público en la vía ferrata de Montserrat.

"Son casos clarísimos", ha insistido Pardo, que ha asegurado que el objetivo de la Generalitat es que el cobro de esta tasa se reduzca "a cero", a cambio de que los ciudadanos actúen con mayor prudencia.

Según Pardo, una vez la Generalitat acuerda que un caso se debe cobrar, las víctimas acostumbran a justificar su actuación, alegando que no pensaban que la situación fuera tan grave.

En este sentido, el responsable de los Bomberos ha insistido en la importancia de crear una consciencia social que prime la prevención, aunque ha admitido que es difícil porque se trata de una apuesta a largo plazo y muchos ciudadanos no reaccionan hasta que salta la emergencia.

"Nos falta prevención, pero sus beneficios no son tangibles inmediatamente, aunque a largo plazo tiene un retorno económico que es importante", ha destacado.

Durante la etapa del tripartito, la Generalitat decidió facultar en octubre de 2008 a los Bomberos para poder cobrar el rescate en los casos más flagrantes de negligencia o imprudencia tras dispararse el número de evacuaciones a las que tenían que hacer frente.

Según datos de los Bomberos, hasta octubre de este 2018 los rescates en Cataluña en el medio natural se sitúan en 1.252, en la media de los últimos años: 1.237 en todo 2015, 1.410 en 2016 y 1.488 en 2017.